En el Ecuador no menos de nueve profesionales han fallecido contagiados por el COVID-19, señala un matutino de Guayaquil apoyado en la investigación de la ONG Campaña Emblema de Prensa (EPEC). Hay obstrucción e intimidación, pero hay también empeoramiento de las condiciones de trabajo que incluyen recortes salariales, descenso de ingresos y pérdida de empleos, según lo reporta la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
Marco Villarruel A.
El periodismo es una de las más arriesgadas profesiones del mundo. Decenas de profesionales de la pluma, la cámara o la radio, han caído este año en muchas partes del mundo, especialmente en los campos de guerra.
Las condiciones de trabajo de los reporteros en tiempos del COVID-19 son temerarias. Para comenzar se han registrado impedimentos para la cobertura, lo cual ha devenido en obstáculo al acceso al derecho al acceso a la información.
Hay obstrucción e intimidación, pero hay también empeoramiento de las condiciones de trabajo que incluyen recortes salariales, descenso de ingresos y pérdida de empleos, según lo reporta la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
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La cuarta parte de periodistas encuestados dijo carecer de equipos adecuados para trabajar desde sus casas en condiciones de eficiencia y seguridad. Solo uno de cada cuatro tenía equipos de protección adecuados para reportear desde la calle.
En el Ecuador no menos de nueve profesionales han fallecido contagiados por el COVID-19, señala un matutino de Guayaquil apoyado en la investigación de la ONG Campaña Emblema de Prensa (EPEC).
Los periodistas elaboran miles de páginas y horas de informaciones, pero muy pocas veces hablan de sí mismos y de sus dificultades, y quizá por ello hay tan poca respuesta solidaria de los gobiernos y de la sociedad misma.
Se cumplieron dos años de la muerte de Juan Javier Ortega Reyes, Paúl Giovanni Rivas y Efraín Segarra, trabajadores de la comunicación del diario El Comercio de Quito a manos de la narcomafia colombo-ecuatoriana, sin que las investigaciones y sanciones hayan llegado a su fin.
Como consecuencia de este gravísimo atentado, el Gobierno ecuatoriano creó el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas, en 2019. Ninguna acción concreta se conoce para proporcionar espacios de seguridad física y legal para los periodistas. Adicionalmente nada se ha hecho para asegurar el cumplimiento de las leyes en cuanto se refiere a justicia en las remuneraciones, estabilidad laboral y aseguramiento de condiciones dignas de trabajo.
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El drama comienza con la inseguridad laboral provocada por los empresarios y el propio Estado. En estos últimos años, incluso en los últimos del régimen anterior, se produjo una auténtica “poda” de profesionales en todas las actividades de la rama. Durante el correato debieron algunos columnistas, presentadores y periodistas dejar sus funciones por presiones oficiales.
Después, la crisis económica y fiscal obligó a prescindir de centenares de periodistas tanto en el ámbito público como privado. De hecho, las continuas purgas que salen del Ministerio de Finanzas a cuenta de austeridad fiscal, virtualmente han aniquilado departamentos enteros.
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Los medios públicos, y entre ellos la Televisión Pública, Radio Pública, Radio de la Asamblea, Televisión de la Asamblea, han sufrido recortes abultados en sus nóminas de periodistas y empleados en general. En los ministerios no ha sido menos, y también en organismos públicos como el IESS y los gobiernos seccionales.
Y no es que sea para ahorrar. Las autoridades de la Asamblea Nacional y de las municipalidades de Quito, Loja, Riobamba y Guayaquil han hecho conocer que suscribirán contratos con empresas privadas de comunicación para elaboración de videos, seguimiento de contenidos, mejora de imagen institucional, en montos que ascienden a millones de dólares, cuando bien lo podían hacer sus propios profesionales. El resultado es el abultamiento de profesionales desocupados y magros resultados.
Desde la empresa privada también se registran decenas de cesados, tanto del personal técnico-profesional como de administrativos. Bueno es recordar que el maltrato a los comunicadores es ya una plaga en el campo de los medios. Sueldos ínfimos, que muchas veces no alcanzan el mínimo legal, condiciones de trabajo esclavizantes y con horarios extendidos. Aquello de la famosa “coproducción” mediante la cual el periodista debe buscar la publicidad, es un ardid que esconde una forma real de trabajo precario.
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Ahora nos dicen que los despidos se deben al COVID-19, pero no olvidemos que en meses anteriores se produjeron ya despidos y situaciones de tensión laboral porque no se pagaron los salarios y dejaron de pagarse los sueldos y los aportes a la Seguridad Social, como lo denunciaron los trabajadores de Sonorama y Canal 1 de Guayaquil. Este canal, en días anteriores, despidió intempestivamente a los reporteros Adriana Bermeo, José Ignacio Arévalo, Leonardo Balseca, César Llugsa. A los asistentes Marcelo Segura, Ramiro Silva, a los camarógrafos Elías Méndez, Orlando Mena, y al productor Fabián Valencia, en plena pandemia.
El diario El Universo, enorme medio de información guayaquileño, despidió también a varios periodistas. Claro, alegó lo del virus, pero también se lanzó una originalidad: “Por la nueva dinámica de la publicidad y del internet”, en plena pandemia. De paso cerró los informativos de su filial RadioCity.
Y lo último, aunque vendrá más, como lo han advertido los propietarios de los medios y del Gobierno mismo. El diario La Hora (Editorial Minotauro), acogiéndose al decreto de Emergencia informó al Ministerio del trabajo la salida de un buen grupo de periodistas, especialmente de las redacciones de Quito, Ambato y Esmeraldas, y de un número indeterminado de administrativos y fotógrafos. Se espera una depuración de la planta de columnistas.
Las autoridades del Trabajo no se han manifestado con claridad frente al despido de centenares de trabajadores del periodismo y de las industrias a lo largo del país. En este sentido ni siquiera han cumplido las ofertas del Presidente y su Ministra de Gobierno.
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Algunos han reclamado la acción de los gremios. Pero poco se puede esperar de ellos por su creciente debilidad y por la acción divisionista alentada desde filas correistas. Hay poco entusiasmo por la agremiación o sindicalización dada la permanente persecución de los propietarios y las dificultades legales que impiden la organización de los trabajadores. Lamentablemente esta situación la viven también los afiliados de otros colegios profesionales.
En los tiempos de crisis, como la de octubre y ahora la pandemia, se transparenta la precaria situación de periodistas y comunicadores. Las predicciones no pueden ser peores por lo que se demanda una auténtica, sincera y pronta atención de las autoridades nacionales, así como el respeto a las leyes por parte de los propietarios y accionistas.
Seguimos difundiendo aquello en lo que creemos y por lo que siempre hemos luchado, los derechos del movimiento indígena, de las mujeres o warmis, de los grupos LGTBI, de los trabajadores y los derechos de cuidar a la naturaleza.
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