“El momento que la Fiscalía determine, ayudada por la información que entregamos hace unos días, que haya un involucramiento de los miembros de una institución militar o que se trató por todos los mecanismos de obstaculizar un proceso investigativo o que miembros de la Fiscalía General del Estado bloquearon y no dieron paso a una investigación, estaríamos hablando de un crimen de Estado”, dijo a Chakana News el coronel (r) Mario Pazmiño coordinador de la Veeduría que brinda apoyo en las investigaciones de la muerte del General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela, hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2010.

Fotografía: Presidencia de Ecuador

Esta revelación nos la hizo el coordinador de la Veeduría, coronel (r) Pazmiño, pocas horas antes que la Veeduría presente el segundo informe de su labor. El oficial en servicio pasivo comentó que se involucró en este caso por pedido de Patricia Ochoa, esposa del general asesinado.

Pazmiño dijo que la Veeduría ha orientado su labor en dos áreas, la primera es el acompañamiento, la investigación y observación sobre el proceso que realizan en la Asamblea Nacional a través de la Comisión Multipartidista. El segundo objetivo fue el acompañamiento y observación del proceso que ha iniciado, de reapertura del caso, la Fiscalía General del Estado.

A raíz del giro que tomó la investigación con las declaraciones del perito Roberto Meza, respecto de que el móvil del crimen del general era la compra de los helicópteros Dhruv. En este punto recordemos, apunta el Coronel Pazmiño, que en la Asamblea están centrados en el tercer informe que fue elaborado por Meza.

Desde la Veeduría lo que se busca es saber quién estuvo detrás de la muerte del alto oficial de las Fuerzas Armadas. También queremos conocer si es verdad o mentira que el general Gabela fue vigilado o si tuvo presiones. Estas son nuestras líneas de investigación.

La Veeduría lleva dos meses de funcionamiento, y en este proceso hemos recopilado la mayor cantidad posible de datos, hemos ubicado a personas y un testigo protegido. Esta información vamos a entregarla a la Fiscalía, cuya máxima autoridad ha pedido que estos datos no se haga públicos.

Ahora, nosotros hemos ampliado la investigación y en esta labor hemos encontrado datos interesantes, y hemos solicitado que se llame a confesión judicial a varias personas con la finalidad de que se aclaren las inquietudes que tiene la Veeduría en este caso.

Hemos solicitado a la Fiscalía que recoja la confesión judicial del personal de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) ya que queremos esclarecer las acciones que realizó ese organismo en relación al caso que se investiga. Recordemos que la Comisión Multipartidista que fue conformada por el Gobierno anterior para investigar la muerte del oficial, se dijo que era un organismo reservado al que iban a tener acceso solo 9 ministros con la finalidad de determinar qué pasó con la muerte del general.

Sin embargo, eso no se cumplió sino que se conoció que llegaron a 90 personas las que asistieron a las reuniones de la Comisión y entre los presentes, en por lo menos cuatro ocasiones, estuvieron elementos de las SENAIN. La pregunta que nos hacemos nosotros es, por qué. Salvo que haya tenido algún interés especial, aclaró Pazmiño.

Fotografía: Pressouth

Un crimen de Estado

Respecto a que el caso pueda ser considerado como un crimen de Estado, el coronel Pazmiño comentó: “Nuestro afán, en este caso, es determinar quién estuvo atrás de la muerte del oficial, en ese sentido puede ser una persona, una institución o una empresa. A nuestro criterio el asesinato no fue obra de la delincuencia común, es un asesinato producido, de acuerdo al segundo informe del perito Meza, por la delincuencia organizada, por tanto debió haber una cabeza que planificó y tuvo todos los medios o recursos para ejecutar estas acciones”.

Dado que el caso nace a raíz del contrato que se firmó por parte de las FAE para adquirir 7 helicópteros, por un monto aproximada de $45 millones de y que quienes realizaron el proceso precontractual y contractual fueron personas de las institución militar, ¿se supone que los responsables o involucrados en el crimen, deben ser miembros de la institución armada?

Ante esta pregunta el coronel Pazmiño respondió que esta información es parte de lo que se entregó a la Fiscalía  y por tanto está bajo reserva. Lo importante aquí, dijo, es que la información entregada permitirá esclarecer gran parte de lo que no se conoce sobre la muerte del general Gabela.

Lo que falta por hacer es que la Comisión de la Asamblea llame nuevamente a declarar al exministro de Defensa Javier Ponce, a la ex asambleísta María Augusta Calle. Hay que recordar que esta comparecencia es más de tipo moral.

Tercer informe:

El perito Meza ha ofrecido elaborar el tercer informe y nosotros creemos que sí puede realizarlo, pues tendrá en su cabeza la mayor parte de la información y la que no recuerde, podrá seguramente volverla a conseguirla, y de este manera podrá reelaborar el tercer informe que es parte del pedido del asambleísta César Ron, la Asambleísta Jessica Cruz y la familia de la víctima.

Lo que nosotros estamos haciendo como Veeduría en torno al Perito Meza, es ver si una parte de los elementos se acoplan dentro del proceso investigativo que él tenía, eso me parece sumamente interesante.

El compromiso de la Veeduría es transparentar este caso que es simbólico porque están involucradas un sin número de estructuras del Estado del gobierno anterior que han venido tapando las cosas, desde la misma Fiscalía, de la Presidencia, de los ministerios de la Asamblea Nacional donde han tratado por todos los medios de crear un velo de desinformación sobre esta investigación.

El otro tema importante a resaltar, es que ya es tiempo de que darle un poco de tranquilidad a la familia del oficial. Ya es momento que los ecuatorianos reconozcamos la valentía, la decisión que ha tenido la esposa del general Gabela en esta lucha incansable por llegar al esclarecimiento de la verdad. En eso estamos comprometidos no solo la Veeduría sino también el Ecuador.