Las horas que transcurrieron entre el día lunes 19 y miércoles 21 de diciembre de 2016 serán recordadas como los momentos más oscuros para los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador. Pareciera que, ante la incertidumbre de unas nuevas elecciones, el gobierno de Alianza País quiere pasar todo y hacer de todo a última hora. Esos días ocurrieron simultáneamente varias cosas.
El 19 de diciembre a las 13:23 en la Asamblea Nacional se votaba la aprobación del “Protocolo de adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial suscrito entre la Unión Europea y Colombia y Perú”. Este tratado significa la apertura de Ecuador a empresas transnacionales para que compitan en igualdad de condiciones con pequeños productores. Además, pone en riesgo, bajo la apropiación por propiedad intelectual, los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas.
Mientras esto ocurría, más de mil efectivos policiales y militares se desplegaban en la provincia de Morona Santiago, declarada en estado de emergencia por un enfrentamiento entre las comunidades Shuar y una empresa minera de capitales chinos. El presidente Rafael Correa declaraba que se va a perseguir a los “grupos armados e irregulares” en la Amazonía.
Simultáneamente, por pedido de la empresa minera ECSA, el Ministerio del Interior solicitaba al Ministerio del Ambiente el cierre y disolución de Acción Ecológica, la ONG ambientalista que ha defendido los derechos de la naturaleza y de las comunidades indígenas por más de 30 años. Esta petición está basada en un supuesto incumplimiento de los fines para los que fue creada. Dichas instituciones actuaron de inmediato, dando 24 horas para una respuesta de la ONG.
El 20 de diciembre a las 09:45 en la misma Asamblea Nacional, se aprobaba el Código Orgánico del Ambiente que, entre otras cosas, permite el “desarrollo de la biotecnología y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización, bajo estrictas normas de bioseguridad, sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Constitución” (Art.5 num.9), o que “cuando el que promueve una actividad no asume su responsabilidad sobre los efectos negativos de la misma en el ambiente, la intervención subsidiaria y oportuna de la autoridad estatal deberá precautelar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, reparando el daño causado” (Art. 10 num.10). Además, promueve las actividades de intervención ambiental, priorizando la “satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.” (Art. 11). En la misma Asamblea, minutos más tarde, a las 10:53, se aprobaba la “Resolución sobre los actos violentos ocurridos en los últimos días en la provincia de Morona Santiago”, en los que se condena la resistencia del pueblo Shuar y se pide fuertemente que se persiga y castigue a sus dirigentes.
La madrugada del día 21 de diciembre se pintó de miedo cuando en un operativo realizado a las oficinas de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, en el cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, fue detenido el presidente de esta organización, Agustín Wachapá. 100 elementos de la fuerza pública ingresaron a las instalaciones y se llevaron archivos y documentos.
El mismo día 21, más tarde, La Sala del Tribunal Contencioso Tributario aceptó la apelación del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. De esta manera, los dos dirigentes que han sido clave en la fiscalización del actual régimen corren riesgo de enfrentar la pena de prisión.
Ninguno de estos hechos es aislado. La sincronización y ejecución de los mismos, claramente responde a una estrategia estatal de control sobre la disidencia. El uso de la violencia, de la criminalización y judicialización de los actores sociales que resisten al modelo de desarrollo extractivo y neoliberal, y que señalan abierta y públicamente los hechos de corrupción, son signos claros de los intereses del gobierno ecuatoriano. Todos los poderes del estado (jueces, ministros, legisladores) al servicio de los intereses del capital extranjero, al servicio del libre comercio, al servicio de las grandes transnacionales. Se podría decir que esto es lo que suele ocurrir bajo las dictaduras, pero más acertado es decir que ni siquiera en los días más oscuros de la “larga noche neoliberal” hubo tal orquestación del aparato del estado para reprimir, controlar y perseguir al pueblo y los dirigentes sociales. León Febres-Cordero no podría estar más orgulloso de tan perfecta instrumentalización del estado al servicio del neoliberalismo y del extractivismo.
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Es psicólogo político y está interesado en el comportamiento político, tanto de la ciudadanía como de las élites. Actualmente también desempeña labores como asistente e investigador en Flacso España.
Quito, Ecuador
