En forma previa ARCOTEL ha venido realizando, especialmente en tiempos de la pandemia, consultas y reuniones virtuales con los interesados a renovar u obtener frecuencias FM en todo el país.
Marco Villarruel A.
El Gobierno ha decidido convocar al concurso para entregar frecuencias de radiodifusión FM a escala nacional. Y lo ha realizado por intermedio del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
En forma previa ARCOTEL ha venido realizando, especialmente en tiempos de la pandemia, consultas y reuniones virtuales con los interesados a renovar u obtener frecuencias FM en todo el país.
La historia de la concesión de frecuencias es tan compleja como la vida económica o política del Ecuador. Seguramente es así porque siempre existieron favores o compromisos políticos, económicos, religiosos. Y una característica importante en estas acciones ha sido la corrupción.
Desde 1940 en adelante, según registra los documentos, cuando el Estado se hizo cargo pleno de la administración de este bien intangible y soberano, inició una historia llena de sobresaltos, y la primera víctima fue la calidad de la radio. Y a pesar de que creciera geométricamente su número, la falta de una política de Estado sobre la Comunicación y los medios, determinó que en la entrega de frecuencias imperara la ley de la selva.
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Mientras en otros países de América las radios jugaron un importante papel en la cultura y hasta en el desarrollo social de los pueblos, en el nuestro fue, metafóricamente hablando, de enorme tamaño pero enfermo y desnutrido.
Salvo algunas disposiciones técnicas dispuestas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a las que se veía abocado el país entre otras razones por pertenecer a la Organización de Naciones Unidas, todo fue improvisación, palanqueo y mediocridad.
En los últimos tiempos la entrega de frecuencias fue motivo de escándalos políticos. No obstante que se expidieron leyes en 1975 y en 1995, que lograron introducir normativas técnicas pero que al no ser acatadas, permitieron el caos técnico, la comercialización fraudulenta de las frecuencias, el acaparamiento y cuando no, la entrega de las mismas por obligaciones electorales o compromisos políticos y religiosos. Era normal que cada presidente dispusiera de algunas aun cuando ese autoritarismo estuviera al margen de la ley.
Era conocido que la propiedad de las emisoras se pasaba de padres a hijos. También que se las vendiera en libre oferta, se las entregara como pago de deudas, o terminaran siendo parte de monopolios mediáticos, a veces con vinculaciones con el exterior.
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Ni qué decir de los contenidos. Nunca se cumplieron las leyes de radio y televisión, de Cultura, o de educación que alguna vez encargó a la Casa de la Cultura. Tampoco se cumplió con la supervisión de contenidos y su posible orientación hacia temas educativos.
La situación hizo crisis en el gobierno anterior, porque logró acaparar en su beneficio muchas frecuencias, la mayoría confiscadas al grupo Isaías. A muchas otras las silenció con el arma de la publicidad política y electoral. Entre tanto, de manera subrepticia, se gestaron dos grandes monopolios mediáticos a vista y paciencia de las autoridades de turno. Uno fue el del grupo Yunda. El otro, el grupo del “Fantasma” González, un mexicano-norteamericano que vive en Miami y que posee decenas de estaciones en América Latina, y también en el Ecuador.
Dado que la presión social por sanear el mundo de las telecomunicaciones se había hecho imparable, la Contraloría General del Estado en junio de 2018, estudió la concesión de 1 472 emisoras AM y FM. También estableció que en 8 de las 26 áreas las frecuencias privadas alcanzaron hasta el 66%. Todo ello a pesar de que la ley de Comunicación había determinado el 33% para el Estado, 33% para el sector privado y 33% para los sectores comunitarios. Determinó además, que el 98% de las áreas más pobladas estaba en manos de un solo concesionario. Y lo mismo ocurría con las estaciones de televisión.
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Hubo 711 permisos caducados y 147 no se revirtieron al Estado. Diez títulos habilitantes se otorgaron incumpliendo los límites de concentración de frecuencias de no tener más de una frecuencia matriz a escala nacional. Además, decía el informe, el estado adjudicó 14 frecuencias vencidas sin la reversión previa.
Una veintena de frecuencias fueron entregadas aún cuando no habían presentado los estudios económicos correspondientes.
En medio de este pantano de irregularidades el gobierno anterior procedió a llamar a un concurso. El mismo que resultó un verdadero fiasco en los órdenes técnico, jurídico, ético y político. Hasta un asesor del exVicepresidente estuvo involucrado en los trámites, acusado de corrupción.
El concurso fue una novela de suspenso, lleno de incidentes e irregularidades. Y a la final quedó hecho jirones porque había reclamos desde todos los costados. Hasta mayo del 2020 no ha quedado claro cuántas frecuencias fueron entregadas, y a qué personas o empresas plenamente identificadas.
La presión vino también desde los antiguos propietarios de las emisoras, que incluso exigían que se les entregue de por vida y por herencia. Hasta organizaciones religiosas que repentinamente vieron multiplicarse las frecuencias a cuenta de que se autoproclamaron ¡comunitarias!
Parte del escándalo fue la situación jurídica de Telecuatro (RTS, del grupo González) en Guayaquil, y Ortel (Canal 5 de Quito, del Grupo González). Que no ha sido dilucidado hasta hoy en medio de un desacato descarado por lo que se especula hay acuerdos debajo de la manga.
No es el momento de llamar a concurso y resolver el tema de las frecuencias. Hay imposibilidades físicas reales (constatar el sitio de los transmisores). Además el país está conmovido por la ola de nuevos actos de corrupción, por lo que es fácil presumir que ésta pueda ser otra página de esa novela negra.
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¿Cuál es el papel de la sociedad organizada en este proceso?. ¿Ha sido convocado el Observatorio de Frecuencias o los representantes gremiales y delegados de la sociedad civil?
No hay seguridad de que esta oportunidad sirva para fortificar los medios públicos, separarlos de los medios gubernamentales y controlar de una vez por todas la proliferación de las emisoras religiosas, cuyo número es impresionantemente alto en todo el país.
La falacia que se manejó en el sentido de que los medios comunitarios no están preparados o no alcanzaron el número ideal para presentarse a los concursos debe ser desechada porque es un pretexto para llenar el espectro con más emisoras privadas o sectarias.
La transparencia debe ser el principio fundamental del proceso. Pero eso no será posible porque las autoridades están presionadas y aturdidas en estos momentos. Todo indica que, como en el caso de las leyes aprobadas en la Asamblea, se quiera aprovechar el momento para apurar la entrega de frecuencias.
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