Violencia en Ecuador. Las estrategias de guerra contra el narcotráfico han fracasado, el problema se ha agudizado. La reducción a respuestas securitarias y al ataque únicamente a las bandas locales evade los circuitos sistémicos de reproducción ampliada del narcotráfico y el capital criminal que atraviesan el funcionamiento del Estado y el mercado, así como la invasión de formas de vida de la población. No hay respuestas simples.

Napoleón Saltos Galarza

Acaban de asesinar a Fernando Villavicencio, el miércoles 9 de agosto, durante un mitin electoral. Asesinaron al Alcalde Manta, Agustín Intriago, el 23 de julio de 2023. Las noticias pasan a primera plana cuando la violencia llega arriba: la muerte enciende las alarmas y renueva las promesas y los planes, por un momento. La paradoja del curso de la democracia formal, siguen la elecciones y la fascistización de la vida social. Tenemos que analizar este modo esquizofrénico del mundo para tratar de encontrar alguna salida.

El relato se presenta como un ataque de sicarios contra el Alcalde, la individualización del conflicto, resultado de la peligrosidad de las bandas, una polarización entre víctimas y verdugos. El argumento de la ausencia del Estado despolitiza el  problema y oculta las raíces profundas, los vínculos con los grupos de poder económico y político, local y transnacional, la seducción cultural y la cooptación económica del narcotráfico, instaurando una forma de vida social fascistizada y regulada por el terror.

Las violencias en Ecuador

Los índices de violencia son alarmantes. “Las estadísticas de la Policía revelan que entre enero y junio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022. Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes, y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer, con lo que se estima que a final del año cerraría en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región.” (Mella, 2023)

Se suman diversas formas de violencias. El 80% de los asesinatos está ligado al narcotráfico, según la policía. Sin embargo, según la misma institución, “el 79% de las 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023 no tenían antecedentes penales” (Alonso, 2023); lo que mostraría que hay un alto número de víctimas que no están inmersas en las disputas de las bandas. La generalización impide abordar las diferentes formas de violencias, para poder enfrentarlas.

Ha aumentado el número de femi(ni)cidios: desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, 122 muerte violentas de mujeres por razones de género, es decir 1 muerte cada 23 horas. En el 2022, una muerte cada 26 horas.

El mapa de las violencias se concentra en la Costa, con el índice más alto en Esmeraldas, que se constituye en “la tercera zona más violenta de América Latina. (…) La tasa de muertes violentas en Esmeraldas se disparó en un 500%, entre 2016 y 2022. Este crecimiento es el más rápido ocurrido en Sudamérica.” (primicias.ec, 2023)

Las víctimas son en su mayor parte de los barrios y zonas populares, si bien hay ajustes de cuentas entre diversas bandas que disputan el control del mercado y de las zonas de movilización de la droga. Los nombres son suplantados por números, queda únicamente el anonimato de las estadísticas. Los grandes capos no aparecen en las listas de la violencia.

El miedo en la sociedad ecuatoriana

La expansión de la violencia ha instalado el miedo en la sociedad. Nos movemos en un ambiente de amenaza difusa y ubicua de muerte. La percepción amplifica el ambiente de amenaza.

La muerte marca un tiempo irreversible, extremo. El poder llega a su forma recargada, como biopolítica, que “designa como su objetivo principal la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas.” (Zizek, 2022)

“El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus […] ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? […] Un mundo de miedo, de ración y de tormento, un mundo de pisotear y ser pisoteado, un mundo que se hará cada vez más despiadado.” (Orwell, 1999, pág. 261)

Se ha instalado una especie de sado-masoquismo amplificado. El miedo expandido en la sociedad parte del propio miedo, las burbujas de seguridad de los poderosos crean zonas fortificadas, asediadas por peligros inminentes. Ya no es sólo el mapa de la política local, sino el diseño de la geopolítica, del nuevo orden mundial. El mundo escindido en la guerra amigo-enemigo entra en un orden de bloques enfrentados en conflictos prolongados indefinidamente.

Las estrategias de miedo y terror rompen los lazos sociales y anulan la política. Hay un canje de libertad por las ofertas de seguridad. Un doble proceso: la mafiación y la segurización de la política, y el paso del Estado de derecho al Estado de seguridad. “Esto implica que con la administración especializada, despolitizada y socialmente objetiva, y con la coordinación de intereses como nivel cero de la política, el único modo de introducir la pasión en este campo, de movilizar activamente a la gente, es haciendo uso del miedo, constituyente básico de la subjetividad actual. Por esta razón la biopolítica es en última instancia una política del miedo que se centra en defenderse del acoso o de la victimización potenciales.” (Zizek, 2022)

La percepción de la población sobre la situación del país es pesimista. Apenas el 9% cree que estamos mejor que el año pasado; solo el 7% señala que vive bien con los ingresos que gana mensualmente; y el 20% piensa que puede mejorar en el futuro. (Informe confidencial, Julio 2023) El miedo se combina con la incertidumbre y el pesimismo.

Una condición clave para el funcionamiento populista y autoritario del Estado parte de la ruptura de los lazos sociales, la supresión de la solidaridad y la difusión de un individualismo narcisista. Las masas quedan privadas de su capacidad de auto-representación y buscan un referente en liderazgos carismáticos-autoritarios.

Ya no se trata del viejo populismo, sino de nuevas formas en donde las ofertas clientelares se vuelven difusas en el juego circular del marketing: las consultoras, los expertos en opinión pública investigan los deseos de la masa, los algoritmos detectan los gustos y los rechazos de cada individuo, los bigdata de los usuarios son la nueva mercancía para poder fabricar el mensaje que quiere escuchar cada cual.

Hay una especie de autoseducción correspondiente a una base económica organizada en torno al autoempleo, al emprendimiento que fusiona al empresario y al trabajador, al explotador y al explotado. La autoexplotación permite que las plusvalías pasen por encima de las relaciones concretas entre actores sociales, individuos portadores de la estructuras del capital o del trabajo, y se conecten con el capital general, abstracto, en un proceso de reproducción ampliada del capital, mientras los individuos se sienten libres, actuando por propia decisión. Una autoseducción en la que el poder repite el eco del deseo investigado, para lograr que el otro sentido, la denuncia de la explotación del capital, entre en el campo de la sospecha y la amenaza.

La política ya no funciona como disputa de hegemonía, de sentido y dirección cultural de las masas, sino como control y seducción de los gustos, como control y orientación de los rencores ante el otro. La dominación aparece en su estado puro como relación amigo-enemigo, el ataque no es al mensaje, sino al mensajero.

El combate a la violencia en Ecuador

Al evaluar la política del Gobierno de Lasso ante la violencia y el crimen organizado, se puede aplicar lo que Hernando Gómez dice sobre Colombia, “se gobierna con ideologías y no con evidencias: por eso los problemas no se arreglan. Las ideologías nos inducen a creer que hay un remedio simple para cada problema complicado. Y por eso ninguna ideología resuelve los problemas que quiere resolver.” (Gómez, 2023)

Hay una línea de continuidad en la respuesta del Ejecutivo, en torno a la estrategia de “guerra contra las drogas.” El 9 de junio de 2022, en el marco de la Cumbre de las Américas, Lasso anunció que solicitará a Estados Unidos financiar un Plan Ecuador, similar al Plan Colombia, una iniciativa impulsada en la década de los 90 del siglo pasado. Argumentó que el problema es similar, y que Ecuador no puede resolverlo solo.

Y para que no falte nada en la copia, en días posteriores argumentó que el Paro nacional impulsado por las organizaciones indígenas entre el 13 y el 30 de junio de 2022, estaba financiado por el narcotráfico, el enemigo del narcoterrorismo. (El Universo, 2022)

Paradójicamente, en esos mismos días, el 22 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad presentó el Informe final sobre la violencia en Colombia. Señaló que al menos “450.666 personas perdieron la vida en el marco del conflicto armado; 121.768 fueron víctimas de desaparición forzada; 50.770 fueron secuestradas; 16.238 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados; 32.446 personas fueron víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual; y alrededor de 8 millones han sido desplazadas; entre otras diversas violaciones a derechos.” (OAS, 2022)

En esta línea se han sucedido las propuestas, planes, proyectos de ley, decretos, políticas, para el uso de la violencia física y de armas letales por la policía, permisos de uso de armas para los civiles, ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, endurecimiento de las penas, estados de excepción, militarización de las zonas peligrosas.

El Plan estratégico para la seguridad de Guayaquil, presentado el 8 de abril de 2023, tiene cuatro ejes: contención de la violencia con el fortalecimiento de la policía, investigación de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, desarticulación de los grandes grupos delictivos mediante unidades policiales especializadas, participación de la comunidad. (comunicación.gob, 2022)

En junio de 2023, El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) resuelve declarar “queel crimen organizado afecta a las estructuras básicas del Estado, a su soberanía, lo cual abre las puertas para que podamos utilizar a las Fuerzas Armadas sin necesidad de estar decretando estados de Excepción”. (La Hora, 2023)

“El miércoles 19 de julio los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas para combatir las amenazas de los grupos de la delincuencia organizada.” (La Hora, 2023) La oferta de 3.100 millones de dólares en los próximos siete años para la “modernización” de las Fuerzas Armadas. Es la tercera oportunidad en que el Gobierno de Lasso firma este tipo de memorandos.

Propuestas de los candidatos presidenciales sobre seguridad

“La mayoría (de los candidatos) coincide en que hay que asumir la seguridad con “mano dura”, (…) en cinco puntos: dar insumos a la fuerza pública, depurar a la Policía, reformas al sistema judicial y penal (para aumentar las penas), control de las cárceles y frenar la delincuencia organizada transnacional.” (Mella, 2023) Estrategias de combate delincuencial, sin pasar a un tratamiento integral de la seguridad ciudadana.

Se reproduce inercialmente una tendencia que viene desde atrás. “La seguridad se ha convertido en una eficaz herramienta de obtención de votos, debido principalmente al incremento de la delincuencia, no sólo en el país, sino en la región en general (…) Esta situación ha generado que los asuntos de seguridad pública se conviertan fácilmente en promesas demagógicas del discurso político, ofertas planteadas dentro de una coyuntura distorsionada además por los medios de comunicación y que generalmente terminan proponiendo combatir la violencia mediante el incremento de la fuerza pública, la construcción de nuevas instituciones carcelarias, o aplacar la corrupción inherente al sistema de seguridad a través de la destitución de determinados jueces.” (Córdova M. , 2006)

Las propuestas de los candidatos se organizan en torno al protagonismo y el fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado, la “guerra contra el narcotráfico”. Se menciona el papel de la sociedad en una estrategia preventiva, pero como auxiliar a la estrategia securitista, y reducida a medidas asistencialistas. Aparecen algunas propuestas que insinúan la necesidad de una estrategia integral ante un problema complejo, pero se reducen al señalamiento de una serie de afirmaciones generales sobre acciones, qué hacer, sin un plan articulado que aborde cómo, con qué medios, los fines, las estrategias, las responsabilidades de cada actor, los tiempos.

Más bien hay una tendencia inercial a reproducir anuncios antiguos, sin abordar la gravedad de los nuevos problemas. (Ver Anexo 1. Propuesta de los candidatos presidenciales sobre seguridad) La novedad es la mención a temas de ciberseguridad. Se produce una dicotomía entre las propuestas políticas y el curso de las violencias en Ecuador.

De los discursos y programas de los candidatos, se puede trazar una escala de propuestas represivas (indicadores: combate al narcotráfico, fortalecimiento de las atribuciones y la capacidad represiva y de control de la policía y las Fuerzas Armadas, equipamiento de los cuerpos represivos, populismo penal -sobre todo aumento de penas-, intervención de los centros carcelarios, reformas de la justicia, ciberseguridad, tratados y colaboración internacional sobre seguridad); frente a propuestas preventivas (indicadores: prevención y participación comunitaria, redes de solidaridad, educación a la paz, acceso a derechos sociales y económicos, oportunidades para los niños y  jóvenes hacia una vida digna, formación ante las violencias de género, el racismo y la xenofobia), donde 0 sea el extremo de estrategias represivas y 10 sea el extremo de políticas preventivas:

Bolívar Armijos 0.5

Jean Topic 1,3

Otto Sonnenholzner 1,7

Fernando Villavicencio 2,4

Luisa González 3,9

Daniel Noboa 4,8

Xavier Hervas 4,9

Yaku Pérez 5,8

Las raíces estructurales de la violencia

La pregunta es si esta nueva forma de violencia extrema ligada al narcotráfico es un tumor, un mal externo a la modernidad capitalista, un error en el camino del progreso; o es el resultado de su funcionamiento. La respuesta nos lleva a considerar estos fenómenos en el marco de las determinaciones económicas, políticas y culturales de nuestro tiempo.

Lumpen capital, lumpen burguesía

La versión oficial es que los carteles funcionan como el mal que amenaza desde afuera a la sociedad, a la marcha normal del capital y la democracia. Oswaldo Zavala, muestra que “los carteles no existen” (Zavala, 2018), como argumenta el relato mítico oficial, al margen del poder y del Estado.

La génesis en torno a la década del 80 del siglo pasado del narcotráfico declarado un asunto de seguridad nacional, según la doctrina norteamericana, empata con la transición hacia el dominio del capital financiero en la reproducción ampliada del capital, como fundamento de la globalización. Ésta es la base material para la transición al funcionamiento del narcotráfico como empresas transnacionales.

El nuevo milenio, a partir de la explosión de sucesivas burbujas financieras, el carácter especulativo del capital, sobre todo financiero, crea su propia geografía de globalización en torno a la red mundial de paraísos fiscales, abre la puerta al rebasamiento de líneas rojas de legalidad por encima del control de los Estados nacionales, y a la conexión con el capital criminal. Los desenlaces de las sucesivas explosiones de las burbujas financieras lanzan al capital a espirales de financierización-especulación, a la articulación con formas rentistas y al dominio creciente de capitales criminales transnacionales. De esta manera hay una fusión creciente entre los circuitos del narcotráfico, junto al tráfico de personas y al tráfico de armas, con los circuitos de reproducción ampliada del capital y la constitución-expansión de lumpen-burguesías que manejan los resortes del Estado y los juegos del mercado.

Desde la perspectiva de la economía política, el narcotráfico es un período de acumulación originaria y de acumulación por desposesión, que luego buscará regularizarse mediante diversos dispositivos de narco-lavado, para entrar en los flujos legales y paralegales de reproducción ampliada del capital global.

Esta visión permite ubicar la división internacional del trabajo y la participación de los diversos países-continentes, en el proceso integral de reproducción del narcotráfico, desde la producción de la materia prima, industrialización, distribución y consumo final.  Se reproducen nuevas formas de las relaciones de dependencia entre centro, periferias y semiperiferias, esta vez en referencia a los circuitos del capital financiero-rentista-criminal mundial.

El Ecuador, ubicado entre los principales países productores de materia prima y de la primera fase de industrialización de la droga, desempeña inicialmente un papel secundario de tránsito hacia los mercados centrales. Un punto de quiebre es el paso a la dolarización en el 2.000, que abre espacio a un flujo libre de dólares que es utilizado para el lavado que requiere el narcotráfico, tanto en el flujo por el sistema financiero, como por el manejo en efectivo, dada la baja bancarización. Ecuador pasa progresivamente a ser un centro clave de refinación, tránsito-comercialización de la droga de proveniencia del Sur de Colombia, y de lavado de dólares del negocio ilegal.

Plan V recoge los datos de la Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador, 2019 – 2022  realizada por la Dirección Nacional Antinarcóticos. Señala que el 80% de la cocaína del sur colombiano pasa por Ecuador. “Los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, alcanzaron el 43% del total del cultivo de hoja de coca en el país vecino, en 2021. Esto representa en promedio 574 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.” Entre el 70 y el 80% de esta cocaína ingresa a Ecuador, “es decir, en 2021, entre 400 y 460 toneladas.” La Policía ecuatoriana incautó 176 toneladas, es decir entre el 38 y 44% de esta droga. (Plan V, 2023)

CELAG señala que el lavado en Ecuador está entre el 2 al 5% del PIB, que entran a circular por los canales financieros: pasa de 1.208 millones en 2016-17, a 2.632 en el período 2017-2020; y a 3.517 millones de dólares en 2021.  El crecimiento de dinero ilícito en el torrente legal coincide con el proceso de desregularización del sistema financiero y las superlativas tasas de ganancia que reporta la banca ecuatoriana desde el año 2017. El método se basa en ubicar “el crecimiento que año a año tuvo el dinero que tienen los bancos en el Ecuador y que no presenta ninguna justificación: ni por crecimiento nominal de la economía, ni por inflación, ni por efectos de los flujos externos, ni por expansión monetaria desde el banco central.” (CELAG, 2023)

Plan V señala una cifra similar, 3.458 millones de dólares anuales, tomando en cuenta la cifra referencial del 2 al 5% del PIB que maneja la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su reporte Estimación de los flujos financieros ilícitos derivados del narcotráfico, de 2011. (Plan V, 2022)

Si este es el flujo interno, habría que proyectar el crecimiento en los flujos internacionales, sobre todo en los vínculos con los paraísos fiscales. Como señaló un Informe del 2018 sobre el caso COOPERA, el sistema financiero ecuatoriano, y en particular, las cooperativas de ahorro y crédito, son utilizados por la mafias internacionales como pista de aterrizaje y despegue del narcolavado, el dinero no se queda en el país, sino que pasa al flujo internacional.

La relación, inicialmente, se realiza con los carteles colombianos, con vínculos uribismo-socialcristianismo, así como lazos con sectores de las FARC involucrados en el narcotráfico por el lado de los sembríos de cannabis y coca.

Una modificación significativa se opera en el nuevo milenio: el cerco a la mafia colombiana, sobre todo a raíz de la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, consolida las rutas mexicanas, que se expanden hacia el Sur. La violencia en México se exacerba en torno al 2006, como resultado de la fragmentación y confrontación de las organizaciones criminales; y de la incapacidad del Estado mexicano para enfrentarlas, por la articulación de las mafias con los grupos de poder económico y político y con los sucesivos gobiernos, tutelados por la estrategia norteamericana de la guerra contra la droga. En nuestro país a la articulación con los carteles colombianos, se superpone, sobre todo a partir del 2006, la entrada de las organizaciones mexicanas, especialmente el Cartel de Sinaloa, y del Cartel del Sol, de origen venezolano.

En 2014, con la aprobación del COIP, hay un viraje clave en la política antidrogas. La instauración de la tabla de consumo busca diferenciar entre consumidores, que requerirían un tratamiento sobre todo médico, y el castigo a los responsables del tráfico. Pronto se ve el fracaso, y en 2015, el Presidente Correa anuncia el retorno a la política punitiva. La situación se complica con las secuelas, para Ecuador, de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016. Se produce un desplazamiento de diversas fracciones disidentes hacia la frontera con Ecuador.

Las estrategias de los carteles transnacionales se modifican en este período. Pasan de los pagos en dinero a los pagos en especie, lo que precipita la ampliación del mercado de microconsumo, la constitución de bandas locales y la disputa de territorios. El Gobierno de Rafael Correa continúa la política punitiva, con algunos intentos de políticas preventivas, incluida la negociación con grupos locales para su regularización y reincorporación política. Al mismo tiempo, algunos sectores, incrustados sobre todo en el Ministerio del Interior, establecen vínculos con organizaciones mafiosas mexicanas. “La producción y el consumo no pueden subsistir sin el consentimiento del Estado.” (Rivera Vélez, 2017)

Las mafias extracontinentales encuentran su turno en la desregulación y aperturismo del Gobierno de Lasso. El caso “Gran Padrino” muestra los vínculos del régimen con la denominada “Mafia Albanesa”, que funciona en diversos países europeos. Las investigaciones se truncaron a raíz del asesinato de Rubén Chérrez, el 31 de marzo de 2023, el nexo entre Danilo Carrera, propietario principal del Banco de Guayaquil, la red gubernamental, encabezada por Hernán Luque, delegado por el Presidente Lasso para presidir el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), con responsabilidad sobre el manejo de 14 mil millones de dólares de los bienes del Estado, y la mafia albanesa.

Así, pues, el Ecuador en el nuevo milenio pasa progresivamente a constituirse en un engranaje funcional para el flujo comercial y financiero del capital criminal. El Ecuador “se ha convertido en un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico, al incrementar exponencialmente su participación en la producción, el refinamiento, el almacenamiento y el transporte de drogas ilícitas.” (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020, pág. 10) Se instaura nuevas formas de lumpen desarrollo y de funcionamiento de una lumpenburguesía,  ligada a la lógica del capital financiero-rentista. La acumulación por desposesión opera no sólo desde las burguesías centrales, sino que se reproducen a nivel interno mediante procesos acelerados de invasión de tierras comunales, empresas públicas y bienes comunes, en una alianza de las clases dominantes locales con el capital financiero-rentista-criminal mundial.

En la división internacional del trabajo, los países centrales se reservan los circuitos legalizados del capital financiero y eluden la responsabilidad como principales mercados de consumo y de circulación monetaria y financiera del capital. Dejan a los países periféricos las políticas represivas y de persecución contra el delito.

Las cifras del narcotráfico a nivel mundial varían. El Informe del Foro Económico Mundial en 2015 establece que las actividades ilícitas representan entre el 8 y el 15% del PIB mundial, el narcotráfico estaría el narcotráfico con 750 mil millones de dólares al año.  A escala mundial, según la ONU, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento de 23% con respecto a la década anterior. (Naciones Unidas, 2023).

Es difícil establecer cifras reales, y más bien hay una subvaloración, pues se trata de datos que se basan “solamente en aquello que se pudo detectar, incautar y desbaratar. Por ende, los datos no contemplan la gran cantidad de tráfico ilícito que se llevó a cabo en un tiempo determinado y que no fue detectado, las modalidades de ocultamiento que no fueron descubiertas aún y los circuitos que todavía no fueron develados por las autoridades” (Vázquez, 2011, pág. 71)

Los circuitos principales del flujo del dinero y de los consumidores están en los países centrales y en los paraísos fiscales. En su discurso ante la ONU, el 20 de septiembre de 2022, Gustavo Petro, Presidente de Colombia, increpó a Estados Unidos: «verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo». Y recalcó que ese opioide sintético «no se produce en nuestra América Latina».

En diferentes oportunidades recalca, “No es ahí, donde se cultiva hoja de coca, contra quien debe ir la lucha contra el narcotráfico. Es donde la cocaína se vuelve dinero colombiano. (..) Esto que llamamos narco son la tropa, los peones, los campesinos que no tienen más que hacer, los hijos del campesino… pero eso no es el narcotráfico. El narcotráfico es de corbata y de poder, y hay que golpearlos si queremos que realmente haya paz en Colombia.” (CNN Español, 2022) Sin embargo, paradójicamente, para la estrategia norteamericana y la mayoría de los gobiernos, los escenarios de las guerras contra el narcotráfico son los países productores, los países periféricos.

Una estrategia alternativa debe empezar por eliminar las articulaciones de los circuitos del narcotráfico y de la reproducción ampliada del capital criminal, con los grupos económicos, locales y transnacionales, con los flujos monetarios y financieros en nuestra economía. Y, por tanto, redefinir los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

El narcoestado en Ecuador

Las alertas y denuncias se han sucedido. En 2008, en el Informe sobre el caso “Angostura”, Francisco Huerta Montalvo, alertó sobre el riesgo de que el Ecuador se convierta en una “narcodemocracia”, pues se detectaron penetraciones del narcotráfico en el Estado. En una entrevista, tres meses antes de su muerte, insistió, “no lo puedo probar, pero los hechos están demostrando que aquí el narcotráfico penetró con bendición oficial”. (Ronquillo, 2022)

Ahora las pruebas están ahí. El caso “Gran Padrino” muestra no sólo los vínculos del narcotráfico con los grupos económicos, sino con la estructuras de poder del Estado. En la Carta de presentación del Informe sobre el caso “El Encuentro”, Luis Verdesoto, como Secretario Anticorrupción nombrado por el Presidente Lasso, presenta “siete hipótesis sobre cómo podría operar una red de corrupción en las empresas públicas, que dependen de la Empresa Coordinadora. (…) menciona la posibilidad de sobornos, favores económicos o políticos, direccionamientos de contratos por medio de maniobras al interior de las instituciones, colusión entre los propios oferentes para simular una competencia, lavado de activos por medio de la contratación pública, la presencia de grupos corruptos entre los funcionarios, entre otros temas.”

Concluye, “se identifica la necesidad de expandir fuentes de información para analizar el círculo cercano del señor Hernán Luque Lecaro,” dentro del cual se encuentran personajes como Leonardo Cortázar y Rubén Chérrez. Señala la alta discrecionalidad y la concentración de poderes en el Coordinador General, Hernán Luque, las ligazones de accionistas y las ligazones de acciones de homónimos,  como algunos factores para estos riesgos. “Expone la posible existencia de lavado de activos mediante la contratación pública. Lavado de activos orquestado mediante operaciones inmobiliarias y comerciales.” (Plan V, 2023) La víspera fue renunciado por el Presidente.

No es un hecho exclusivo del gobierno actual. Más bien se puede trazar una línea de tiempo entre la presencia de las mafias trasnacionales del narcotráfico y la articulación con los sucesivos gobiernos en el período democrático. Lo que también muestra una de las dinámicas de disputa política, no sólo entre grupos financieros, sino también entre mafias transnacionales.

Vínculos políticos con los carteles

Periodo	Grupos	Gobierno	Vínculos
Década de los 80	Carteles colombianos.	Febres Cordero.	Vínculos Uribe-Febres Cordero
2.000			Dolarización: liberalización de los circuitos monetarios y financieros
2003	Cartel mexicano de Sinaloa   Sectores de las FARC vinculados al tráfico de coca	Lucio Gutiérrez y Rafael Correa	Se ubican sobre todo en el frontera norte (Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos) y en las provincias del litoral (Esmeraldas, Manabí y Guayas) Vínculos con Cartel de Sinaloa y Cartel del Sol con sectores instituidos en el Ministerio del Interior. Vínculos con grupos de las FARC
2009	Presencia de Mafia Albanesa	Rafael Correa	Rexhepi Dritan, se presenta como empresario bananero.
2016	Firma de Paz en Colombia	Rafael Correa Lenin Moreno	Secuelas: grupos disidentes. El caso “Guacho”
2020	Cartel Mexicano Jalisco Nueva Generación	Lenin Moreno
2021	Mafia Albanesa	Guillermo Lasso	Caso “Gran Padrino”. Rubén Chérrez, nexo.

Luis Córdova distingue tres tipos de organizaciones vinculadas a procesos de producción, circulación y gobernanza del mundo criminal. “Grupos pandilleriles que operan en las calles y en las cárceles, (…) no les moviliza solo la capacidad de tener dinero, (…) sino un conjunto de expectativas simbólicas que van afirmando un sentido de pertenencia a la estructura de las pandillas. (…) Redes criminales dedicadas a la producción de bienes y mercancías ilícitas, vinculadas y conectadas al mundo empresarial privado, y cuyos líderes y cabecillas no están ni en las cárceles, ni en los guasmos.

La mafia, (que) es un tipo de crimen organizado que se especializa en la provisión de un bien criminal que es la protección, y que funcionan desde el Estado, (…) teniendo influencia en las aduanas, en los puertos y sobre la Policía.” (Córdova L. , 2022) Hay que ubicar un cuarto nivel, las conexiones internacionales tanto en el circuito del capital criminal, como en los vínculos políticos transnacionales.

Las mafias internacionales maniobran en alianza con algunos operadores destacados, que actúan bajo coberturas empresariales, y con las bandas locales, que tienen su propia dinámica; lo que complica el problema en el Ecuador, en una especie de combinación entre los procesos de Colombia, México y El Salvador. Entre los actores con cobertura empresarial se destacan Jorge Hugo Reyes Torres, Óscar Rubén Caranqui Villegas, Wilder Emilio Sánchez Farfán, César Emilio Montenegro Castillo, César Enríquez Fernández Cevallos, Telmo Remigio Castro Donoso, Édison Washington Prado Álava, Leandro Norero Tigua. (Plan V, 2023) A los que hay que sumar Rubén Chérrez.

Según La Posta (2021), durante una década Jorge Luis Zambrano, JL, Rasquiña, era la cabeza de Los Choneros y mantenía unidas a las diversas fracciones y grupos que actuaban desde las cárceles. A raíz del asesinato de JL, el 20 de diciembre de 2020, se produce una fractura y se agudiza la disputa en las cárceles y en los territorios. Los grupos principales son Los Choneros, con varios subgrupos, los Fatales (Manabí), los Águilas (El Triunfo, Guayas), los Gánster (Esmeraldas), y RT (Santo Domingo) y al frente están excélulas de este tronco principal, los Lobos (que se inician en la Cárcel de Latacunga), Tiguerones (sobre todo en Esmeraldas), Chone Killers; y en zona neutra, los Latin King. (Plan V, 2023) A lo que habría que añadir grupos menores que controlan territorios locales.  

Cuatro nodos jurídico-políticos claves para la reproducción de los flujos del narcotráfico y el capital criminal: un sistema carcelario controlado por los grupos delictivos; un sistema de impunidad, con complicidad de los operadores estatales encargados de la seguridad y la justicia; enclaves de poderes locales bajo dirección de representantes con vínculos con las mafias; redes de capital criminal y mafias transnacionales.

Los cuatro procesos se superponen y retroalimentan. Un sistema carcelario estructurado en torno a mega-cárceles, sin diferenciación de delitos y sin procesos de rehabilitación, se ha convertido en el centro de operación y dirección de las bandas en las disputas por el control de territorio y de los puntos de circulación internacional de la droga. La falta de voluntad política del gobierno para atender este problema se muestra en el bajísimo porcentaje (apenas el 8% hasta junio de este año, según Informe del Ministerio de Economía) de ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior, encargado de dirigir la seguridad interna. La contaminación afecta al conjunto de las instituciones del Estado, empezando por las que ocupan la primera fila en las estrategias de respuesta, la Fuerzas Armadas, la policía, la justicia. La violencia crece en un ambiente de impunidad y complicidad circular.

La narcocultura

La complejidad del problema del narcotráfico en Ecuador se evidencia no sólo en los juegos arriba, los procesos de dominación, las disputas entre mafias transnacionales, grupos financieros, fracciones de capital, sino también en la invasión abajo, la seducción y cooptación de la mente y el corazón de la gente hasta convertir a las ofertas del narcotráfico en un modo de vida, en una forma de subsistir ante la ausencia de oportunidades desde la sociedad y el Estado. El paso hacia el carácter estructural de la violencia se expresa en el implante de la narcocultura en el sentido común de la masa.

No se trata de la ausencia y abandono del Estado, sino de la producción del sistema de dominación capitalista-patriarcal-colonial de poblaciones excedentes, desechables, que solo pueden subsistir en los bordes de la legalidad. Al modo del lumpencapital le corresponde un lumpenproletariado, privado no sólo de posibilidades materiales de reproducción de la fuerza de trabajo, como sucedía en los tiempos del capital productivo que requería de un ejército industrial de reserva, sino también de las condiciones espirituales de solidaridad y de valoración de la vida del otro. La vida y la muerte se convierten en la nueva mercancía de cambio para contratar sicarios, que provienen de los barrios y zonas marginales.

Los mapas de la violencia ligada al narcotráfico y el capital criminal se ubican en zonas de circulación transnacional, exportación y distribución de la droga, como las provincias del Litoral, y se superponen a lugares afectados por pobrezas estructurales, como la provincia de Esmeraldas y los barrios marginales de Guayaquil y Durán.

Es el resultado de un largo proceso de destrucción de los lazos sociales y la difusión de los deseos del éxito individual, el autoemprendimiento, articulados a la propaganda del dinero fácil y el hedonismo inmediato. El narcotráfico es un resultado del capitalismo salvaje, una “cultura del todo vale para salir de pobre: (…) vivir rápido, gozar a plenitud, morir pronto” (Rincón, 2009, pág. 3 y 20) (Santos, Vázquez, & Urguelles, 2016)

“Nuestra aprehensión del narco la proyectan artefactos culturales como novelas, películas, series de televisión y música, que se basan en el periodismo narrativo que, a su vez, se nutre del discurso securitario. Este último hace lo propio alimentándose de los diferentes medios culturales. Un círculo vicioso que pone al descubierto la falta de “materialidad histórica debajo de la representación textual que supone mostrar lo real del narco” (Zavala, 2018, pág. 87)

Allí se cierra el círculo de relato oficial: la responsabilidad de la violencia es de los expulsados de los circuitos normales de la vida social. “La declarada “guerra contra los cárteles” se ha justificado sobre la base de una retórica acusatoria, depredadora y penalizante. (…) en el relato convencional, abundan las descripciones que presumen que la narcoviolencia es un cáncer social cuyas células malignas habitan específicamente en las pútridas “psiquis” de los delincuentes. (…)

Dispositivos narrativos que coadyuvan a la unanimidad de opiniones sobre la violencia asociada al narcotráfico, se destacan los siguientes: 1) la “individualización” de la causa (es decir, la narcoviolencia es explicada como resultado de la peligrosidad, la inmoralidad o la enfermedad mental de sujetos individuales); 2) la “sustantivización” del tema (esto es, “la” narcoviolencia es exhibida como Realidad a observar objetivamente); 3) la “polarización” del fenómeno en categorías dicotomizadas (división de buenos y malos, víctimas y verdugos, culpables e inocentes).” (Santos, Vázquez, & Urguelles, 2016) 4) La despolitización (la argumentación de la ausencia del Estado).

Alternativas

No hay salidas inmediatas, aunque hay tareas urgentes. Enfrentamos un problema estructural que rebasa la capacidad del Estado nacional y el tiempo corto de los gobiernos.

El objetivo estratégico es impulsar un doble proceso paralelo y complementario: desmontar el sistema económico-político-cultural, que fundamenta la reproducción ampliada del narcotráfico y el capital criminal, lo que implica reformas integrales del funcionamiento del Estado y de la economía; y reconstruir los tejidos sociales comunitarios y de solidaridad para una nueva forma de vida sobre todo para la población marginada.

El Plan estratégico debe apuntar a desmontar las raíces estructurales del problema, los vínculos del narcotráfico con los grupos económicos y de poder, locales y transnacionales y la reproducción ampliada del capital especulativo y criminal; así como contener la difusión de la narcocultura, base de seducción de las bandas. Tal vez es difícil una respuesta general, pero se puede empezar con una táctica de territorios liberados, con el impulso de una especie de Plan Marshal de reconstrucción de las provincias más afectadas por la violencia criminal, como es el caso de Esmeraldas, a partir del fortalecimiento de las organizaciones sociales comunitarias, del protagonismo de los jóvenes, y del apoyo del Estado.

Un paso inicial es la necesidad de un acuerdo estratégico, una política de Estado, que mire el Ecuador al menos en la próxima década; y que impulse acuerdos regionales para planes conjuntos ante el problema.

Una clave está en cambiar las preguntas. Podemos aprender del ejemplo clásico del Plan de Islandia para reducir el alcoholismo y la drogadicción que afectaban al 42% de la juventud en 1988. Los métodos represivos y de control no dieron resultados.

El equipo investigador, cambió la pregunta, ya no por qué se droga el 42%, sino por qué el 58% no es afectado por el problema. Y encontraron como factores centrales la presencia de incentivos, la utilización del tiempo de ocio con actividades creativas, artísticas, deportivas, las referencias familiares de solidaridad, los factores que reducen la ansiedad y aumentan la resiliencia. Lo convirtieron en un Plan nacional, con participación de los jóvenes, las familias, las escuelas y el Estado; y lo acompañaron también con medidas de control, prohibiendo la venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años y la publicidad sobre estas sustancias. Con ello redujeron el índice del 42% en 1988 al 5% en 2016. (Martín, 2019)

Se trata de un plan sistemático, que pone el acento en las políticas preventivas de la apertura de oportunidades e incentivos para la realización humana y social de los jóvenes, con el protagonismo de la sociedad y el apoyo del Estado. Se pueden encontrar experiencias exitosas en el mundo para combatir violencias de género y la epidemia del VIH en países africanos, como el Proyecto Homa, basado en el método del aprendizaje comunitario entre pares, en donde los jóvenes se coeducan, encuentran nuevas formas de vida en experiencias de autoorganización.

En nuestro país podríamos encontrar las explicaciones no sólo por qué hay zonas asoladas por la violencia y el narcotráfico, sino localizar semillas alternativas en las respuestas a qué sucede en 30 de los 221 cantones del país que no registraron ninguna muerte violenta entre 2020 y junio de 2023. El reportaje de Plan V registra 3 cantones en la Costa, “Atahualpa, Marcabelí y Chilla, todos de El Oro. Esto a pesar de que, en el primer semestre de 2023, esta provincia alcanzó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta del país.”

En la Sierra, 16 cantones que “se encuentran en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Loja, Pichincha y Tungurahua.” En la Amazonía, 9, ubicados en su mayoría en Morona Santiago y Zamora Chinchipe;  a pesar de que en esta última se ubica Paquisha, con el índice más alto de homicidios en el país. El denominador común es que se trata de cantones más bien con poblaciones entre 2 mil y 44 mil habitantes, con lazos de solidaridad y comunidad, fuentes compartidas de trabajo y producción, gobiernos locales cercanos a la ciudadanía, referencias de integración familiar sobre todo para niños y jóvenes. (Plan V, 2023)

Las estrategias de guerra contra el narcotráfico han fracasado, el problema se ha agudizado. La reducción a respuestas securitarias y al ataque únicamente a las bandas locales evade los circuitos sistémicos de reproducción ampliada del narcotráfico y el capital criminal que atraviesan el funcionamiento del Estado y el mercado, así como la invasión de formas de vida de la población. No hay respuestas simples.

Podemos empezar por preguntas que nos abran a la complejidad del problema y la posibilidad de respuestas alternativas. Plantearnos preguntas “prohibidas” para empezar a quebrar el círculo sistémico del crimen organizado, abordar temas tabús, la legalización dirigida de la droga, el análisis crítico del funcionamiento del mercado libre de la dolarización, el seguimiento de los circuitos de los flujos financieros y monetarios en el sistema bancario y cooperativo del país, el desmontaje de la seducción de la narcocultura sobre todo de los niños y los jóvenes. Regresar la mirada a la potencialidad de la participación de los actores sociales comunitarios, más allá del Estado y del mercado, para reconstruir los tejidos sociales de vida. 

Referencias

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ANEXO 1

Propuestas de los candidatos presidenciales sobre seguridad en Ecuador

Candidato	Políticas preventivas	Políticas represivas
Yaku Pérez	Establecer medidas coordinadas de acción con la sociedad, fortaleciendo “las capacidades comunitarias para desarrollar la seguridad frente a todos los fenómenos”. Prevención y erradicación de las “violencias machistas”, garantizando presupuesto para la implementación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias que incluya un sistema integral con participación de las organizaciones de mujeres.	Minka por la Seguridad Plan integral antidelincuencia, con “políticas criminológicas emergentes y viables interdisciplinarias y transdisciplinarias”. Agenda nacional y regional de combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional.
		Acciones inmediatas: movilizar a todos los servidores de la fuerza pública para enfrentar y detener de manera inmediata la ola delincuencial existente en el país, incluido el patrullaje permanente en las cárceles; depurar organismos de seguridad separando a los funcionarios vinculados a la delincuencia y al narcotráfico; intervenir las cárceles despidiendo al personal contaminado por la delincuencia y aplicando nuevos protocolos y mecanismos de control; y dotar de recursos para equipamiento estratégico de las fuerzas del orden a través de declaratorias de emergencia.
		Adaptar y mejorar los organismos de respuesta del Estado: Redefinir roles y funciones de Fuerzas Armadas, Policía, seguridad privada. Depurar organismos de seguridad. Recuperar el control de los puertos, con tecnología de punta (escáner, georreferenciación, trazabilidad). Medidas combinadas de fuerza policial, respuesta judicial, apoyo sicológico y social a las víctimas. Equipamiento tecnológico con inteligencia artificial, para potenciar el ECU911. Patrullaje 24 horas. Fortalecer las UPC.
		Reorganización integral del sistema penitenciario, con protocolos de seguridad interna, sistemas electrónicos de vigilancia y el impulso a la carrera de guías penitenciarios, depurando y especializando al personal de control para un manejo profesional de los centros de detención, estableciendo protocolos de seguridad interna y externa que impidan la circulación de armas y objetos que supongan peligro para las personas privadas de la libertad.
Daniel Noboa	Creación de oportunidades de empleo, mejora de la calidad de la educación y el acceso a servicios básicos. Educación en valores y resolución pacífica de conflictos. Fortalecer la capacitación de los policías en resolución pacífica de conflictos. Creación de programas de vigilancia comunitaria y de denuncia ciudadana.	Estrategia integral: fortalecer el sistema judicial, luchar contra la corrupción, fomentar la inclusión económica y atraer inversión extranjera.
		Reforma al sistema judicial y policial; transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad Implementar políticas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema judicial. Auditorías a las cuentas de las instituciones de seguridad. Acelerar procedimientos judiciales, contratación de personal judicial, implementación de tecnología y revisión de las políticas de prisión preventiva. Erradicar la corrupción en la policía, asegurar la representación adecuada de la diversidad del país en sus filas, y construir lazos de confianza con las comunidades a las que sirven
		Seguridad digital, prevenir los delitos cibernéticos, estrategia nacional de ciberseguridad.
		Centros penitenciarios: Reforma judicial y procesal que acelere los procedimientos judiciales, incluya la contratación de personal judicial e implementación tecnológica. Mejorar las condiciones. Desarrollar programas de rehabilitación para los reclusos, para reducir las tasas de reincidencia. Mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. Auditorías regulares a la gestión del sistema. Reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos.
Luisa González	Estrategias integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad, como pobreza, exclusión social y falta de oportunidades, y que, actúen con respeto de los derechos humanos frente a la violencia en nuestras calles. Proteger a las víctimas, asegurar la reparación y la rehabilitación. Recuperar la política de rehabilitación social y programas de reinserción social. Incorporación de las personas que han cumplido con su tiempo de prisión en empresas, fábricas y actividades productivas. Participación y  solidaridad ciudadana: Alarmas comunitarias, trabajo con gobiernos seccionales,con asambleas barriales, botones de seguridad y alarmas comunitarias. Promover mediación y solución pacífica de conflictos.  Desarrollar deporte, música, promoción de igualdad de género, cultura de paz y combate al machismo.	Justicia para la paz, la seguridad y el orden. Un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención.
		Acciones inmediatas: Recuperar instituciones que desaparecieron tras la salida de Rafael Correa, como el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia.
		Reforma institucional: Reestructurar los Ministerios del Interior y de Gobierno y depurar a las filas de las fuerzas de seguridad. Mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito. Reducir la impunidad, garantizando que los delincuentes sean llevados ante la justicia y que se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias a sus acciones Fortalecer las capacidades y la formación de las fuerzas de seguridad. Reformas de la Policía Nacional, actualizar sueldos y salarios, fortalecer la equidad de género dentro de la institución, crear una Unidad de Mujeres Policías para la prevención, seguimiento e investigación de feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual y violencia contra la mujer. Programa para restablecer la confianza ciudadana en la policía.
		Desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología. Fortalecer el sistema integrado de seguridad Ecu 911. Constituir una agencia especial para combatir los ciberdelitos.
Jean Topic	Protección de los derechos y libertades. Defender los derechos humanos.	Seguridad de la nación Preservación del orden público. Recuperación del control de los espacios propios del Estado, empezando por las cárceles. Mantenimiento del orden público. Seguridad para el desarrollo económico, con el fin de generar confianza para iniciar negocios y comerciar sin temor, e incentivar la llegada de mayor inversión extranjera. Creación de un Consejo de Estado.
		Fortalecimiento de la fuerza pública, con los elementos necesarios para ejercer sus labores y recuperar la profesionalización de las FF. AA.
		Sistema de justicia: Fortalecimiento del sistema y la aplicación de la ley. Proceso transparente y basado en méritos para la selección de jueces. Mejorar la infraestructura. Capacitación continua al personal.
Otto Sonnenholzner		Recuperar la presencia y el rol del Estado como actor principal en el manejo de la crisis de seguridad que afronta el Ecuador. Tres líneas: modernización del marco jurídico nacional y el sistema de justicia; fortalecimiento de las fuerzas del orden y de la capacidad del Estado; y construcción de la seguridad integral.
		Aumentar la presencia del Estado a través de inversión en brigadas, Unidades de Policía Comunitaria, entre otras. Reformar leyes para dar más capacidad a las fuerzas del orden y promover la desvinculación de miembros de las organizaciones criminales. Innovar la aplicación de la justicia. Crear unidad especializada de combate a la delincuencia con enfoque en seguridad urbana que identifique e implemente las necesidades de equipamiento, tecnología e inteligencia para evitar los asaltos y la inseguridad en los centros urbanos del país. Especializar a las fuerzas del orden en temas de ciberseguridad, investigación, explosivos e inteligencia, y capacitación para prevención de delitos relacionados con minería ilegal, tráfico de fauna, deforestación, entre otros.
		Reducir las muertes violentas con un seguimiento a nivel regional y nacional. Reducir la reincidencia de criminales previamente capturados y enjuiciados por cometer crímenes en el territorio nacional en coordinación con el sistema de justicia. Incrementar la captura de los criminales más buscados por la Policía Nacional del Ecuador. Retomar el control de las cárceles, mediante una colaboración del sector privado Combatir al narcotráfico incrementando la capacidad de reacción y confrontación de las fuerzas del orden, así como abordar la adicción a las drogas como un problema de salud pública.
Bolívar Armijos	Devolver a la clase las doctrinas de cívica y ética junto con valores ciudadanos.	Recuperar la seguridad pública del Ecuador, recuperando la capacidad de respuesta y mitigación de amenazas criminales y naturales del Estado. Una estrategia de lucha contra la inseguridad de “cinco dedos”: capacidad de combate, disuasión, castigo, prevención y educación.
		Capacidad de combate: Dotar a las FF. AA. de los recursos que necesitan y de una vía expedita para que puedan comprar armamento y tecnología. Proteger a los policías de una manera especial. Triplicar los miembros de Unidades Especiales. Quintuplicar el número de agentes en capacidad de infiltrarse en organizaciones criminales.
		Disuasión: Adquisiciones tecnológicas: Equipamiento de escucha de conversaciones Equipamiento de aniquilación de drones. Creación del CERT (equipo de respuesta a emergencias cibernéticas) con tecnología de Israel. Patrullaje, de FFAA acompañadas de drones, policía montada y acompañada de drones, y comunidades organizadas. Estudiaremos la posibilidad de entrenar y armar a las policías metropolitanas para el efecto. Helicópteros de apoyo para la Policía. Dos drones de vigilancia para cada UPC. Flotilla de aviones de caza ligeros para vigilancia naval. Flotilla de aviones de vigilancia y apoyo terrestre, así como para la eliminación de aeronaves comerciales con contrabando. Nuevo armamento para la Policía y Fuerzas Armadas. 50 vehículos blindados para combate urbano. 10.000 de cámaras de seguridad.
		Castigo: Ley 100 propondrá que los asesinos pasen en cárcel el mismo tiempo que a sus víctimas les faltaba vivir, asumiendo un promedio de vida de 100 años; asimismo, el abigeato, el cobro de vacunas, el robo de vehículos y el asalto a locales comerciales tendrán una pena mínima de 50 años; mientras que los jueces que liberen criminales pasarán a cumplir la pena del que liberaron más la pena del nuevo crimen que se cometa. Creación de un centro de reclusión definitiva y confinamiento punitivo y una cárcel de máxima seguridad en Palmira o en una zona de montaña de difícil acceso.
		Prevención y educación: Reformar la Constitución para implementar la pena de muerte a quienes violen y maten a niños y adolescentes o que los sometan a la actividad de la pedofilia y la venta de drogas. Cada soldado o policía que haya sufrido ataques por la delincuencia sea “recompensado con becas para sus hijos y sobrinos directos, además de la adecuada rehabilitación física y psicológica”. Clases masivas de defensa personal para mujeres víctimas de violencia de género. Prevención del acoso digital o cyberbullying
Fernando Villavicencio	Seguridad y su dimensión preventiva: Creación de oportunidades económicas, Educación para la paz, Recuperación de espacios públicos, Alternativas de uso de tiempo para niños y adolescentes	Seguridad Integral y Desarrollo Social. Fortalecimiento de las capacidades y profesionalización de la Policía Nacional y las FFAA. Impulsar la implementación de la Universidad de la Policía Nacional. Convocatoria especial a oficiales profesionales en diversas ramas para asegurar un trabajo integral de prevención, inteligencia e investigación de las estructuras criminales. Mejora de la tecnología, armamento y capacitación para la Policía Nacional Promover la cooperación internacional en materia de seguridad. Proceso de depuración exhaustiva dentro de la Policía. Fortalecimiento de las FF. AA. para controlar el ingreso y salida de personas, así como el tráfico de armas y municiones.
		Justicia Reducción de la impunidad en delitos contra la vida. La prevención, investigación y persecución de delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando y la corrupción. Control de fronteras y pasos ilegales. Combate a los delitos ambientales. Fortalecer las instituciones encargadas de la investigación financiera. Controlar la comunicación en los centros de rehabilitación y promover una justicia eficiente y transparente, con jueces independientes. Se integrará la información disponible en las distintas entidades públicas y se fortalecerá a las que hacen investigación financiera. Prevención y Combate a la Violencia de Género.
		Ciberseguridad, con sistemas de detección y respuesta ante incidentes, el establecimiento de centros de operaciones de seguridad y la actualización de las capacidades técnicas y conocimiento de los profesionales en la materia.
		Leyes Aprobar la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Creación de la Universidad de la Policía, la Ley de Inteligencia, y reformar las normas relacionadas al uso de la fuerza. Atacar la economía criminal y debilitar las estructuras que la sustentan. Enfocaremos nuestros esfuerzos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico, la minería ilegal.
Xavier Hervas	Prevención: Salud, Salud Mental, Deporte, Educación, Reactivación Económica. Monitoreo áreas alto riesgo. Vigilancia comunitaria con apoyo Policial y con programas de concientización y socialización. Programas de prevención del delito y de reinserción social. Trabajo para personas privadas de libertad.	Acciones inmediatas Sesión permanente del Consejo de Seguridad del Estado. Dotar de recursos adecuados a las fuerzas de seguridad. Y mejorar la coordinación y la colaboración entre las diferentes instituciones. Crear fuerzas de tarea conjunta en las zonas calientes. Intensificar los operativos de inteligencia, incrementar la cooperación internacional y la persecución judicial. Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las fronteras y puertos para evitar el ingreso de drogas ilícitas y el tráfico de armas. Promover la utilización de tecnología y sistemas de seguridad avanzados. Desarrollar aplicaciones móviles y plataformas digitales que faciliten la denuncia ciudadana y la comunicación directa con las autoridades.
		Fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Combate al crimen organizado. Cooperación y colaboración con otros países, para el intercambio de prácticas, información y asistencia técnica en sistemas de seguridad avanzados, así como la participación con organismos internacionales y regionales.
		Fortalecimiento de la justicia y el sistema penitenciario: Reformas para agilizar los procesos judiciales, garantizando una justicia pronta y eficaz. Mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, fomentando la rehabilitación y reinserción social de los internos. Programas de educación y trabajo en los centros penitenciarios para reducir la reincidencia delictiva. Control de cárceles. Diferenciación cárceles alta, mediana y baja seguridad. Circuitos videovigilancia en todas las cárceles.
		Reforma legales del sistema judicial: que los jueces solamente puedan procesar y liberar personas dentro de su mismo sector y zona geográfica. Promover desde la Asamblea Nacional un nuevo proceso de selección de jueces y una reforma al COIP para tener jueces “sin rostro”.

Fuente: (CNE, 2023) (Primicias, 2023) (El Universo, 2023) Elaboración del autor