Los ecuatorianos despedimos a Efraín Segarra, Javier Ortega y a Paúl Rivas, trabajadores de diario El Comercio de Quito, asesinados de forma violenta en la zona de la población de Mataje, Esmeraldas, frontera con Colombia y territorio de la narco guerrilla liderada por el ecuatoriano Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho
Fotografía: Franklin Jácome – Press South
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Su asesinato ha dejado una serie de dudas sobre la autoría o cómo fueron asesinados. La ex Canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, y el resto del equipo que coordinó su rescate nunca dio la cara para desmentir las afirmaciones de alías Guacho, que culpó de la muerte de los trabajadores de El Comercio, a una supuesta fallida intervención militar. Tampoco desmintieron una segunda versión, que afirmaba que altos oficiales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, ligados a la narco guerrilla fueron los autores del asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y de Paúl Rivas, luego que alias Guacho, les diese una entrevista, con la entrega de nombres de militares involucrados en el tráfico de droga.
El estado Ecuatoriano debe a las familias de los periodistas y a la sociedad ecuatoriana la verdad, debe descalificar todos los documentos, y si son ciertas las acusaciones de que hay infiltración de la narco guerrilla en la Fuerzas Armadas del Ecuador, el gobierno del presidente Lenin Moreno, deberá crear un comisión de alto nivel, para llevar a la justicia a los involucrados y limpiar de la infiltración del narco en Ecuador. De no hacerlo, recaerá sobre sus hombros la responsabilidad de una crisis social de graves consecuencias, ya que entraremos como nación en una espiral de violencia, tal cual vive Colombia, México, Nicaragua y Venezuela, los dos primeros debido a la presencia del narco y las otras dos por el Socialismo del Siglo XXI, que también tiene acusaciones de pertenecer a las mafias ligadas a los cárteles mexicanos, colombianos y europeos que trafican con droga.
Por esa grave razón, el presidente Moreno debe aclarar a tiempo lo que pasó y si su ex canciller María Fernanda Espinosa y el resto de encargados de la negociación fallaron, deben retirar la confianza y respaldo a dichas personas, para que sean juzgadas y respondan ante la justicia ecuatoriana, y así facilitar una mejor gobernanza para el resto de su periodo presidencial. De no hacerlo, todos sus adversarios utilizarán los asesinatos para culparle de inacción frente al narco y la violencia instalada en Ecuador.
Pero además, también debe desclasificar todos los documentos de la era correista, que dejó tanto daño y al país sumergido en una crisis social y económica. Esa desclasificación permitirá a los ecuatorianos saber la realidad de la corrupción en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, ahora con miedo a ser juzgado por varios hechos delictivos, que han involucrado al estado ecuatoriano. Esos documentos deben investigar al Plan Ecuador, a la etapa de entrega de cédulas ecuatorianas en la frontera norte por parte de la ALDHU, el rol de José Ignacio Chauvín, Paco Velasco, de María Augusta Calle alías «La Pelos», de los miembros de la comisión del 30S, Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, entre otros casos.
Fotografía: Franklin Jácome – Press South
Fotografía: Franklin Jácome – Press South
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Estudió Diseño Gráfico, Periodismo y Fotografía. Diseñador Gráfico en El Comercio, Ecuador. Asistente Escritor de United Press Internacional. Director de Comunicaciones del Sindicato Nacional de Seguridad Social del Ecuador y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Editor de Fotografía en la Revista Vanguardia, Ecuador. Fotógrafo independiente para varias agencias de noticias y prensa, incluyendo Associated Press y GettyImages.
