Las fosas del franquismo, son la deuda social y política de todos los gobiernos españoles, del bipartidismo, del Partido Popular y del PSOE
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
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Marcelino Flores
Fotografía: memoriahistorica.org.es
En el mes de marzo de 2006, la Asociación Entrepueblos dirigió un curso en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid titulado La memoria contra la impunidad. Además de algunas conferencias, Entrepueblos hizo una exposición fotográfica centrada en la impunidad en Guatemala y vino a presentar la exposición María Cañil Grave, tesorera entonces de la Junta Nacional de CONAVIGUA. María Cañil es una víctima del conflicto guatemalteco, en el que perdió a su padre y a otros familiares, a los que seguía buscando veinte años después por estar desaparecidos en fosas comunes.
Cuando nos oyó hablar de los desparecidos en España, me preguntó al oído muy sorprendida: “¿pero ustedes tienen desparecidos?”. Pues sí, setenta años después, en 2006, miles de personas seguían desaparecidas en España y no sólo María, sino la inmensa mayoría de los españoles y de la ciudadanía mundial seguía desconociendo ese hecho.
Los militares sublevados en 1936, que provocaron una guerra contra el gobierno español, tenían un proyecto de exterminio del adversario político, que habían difundido en instrucciones secretas y que plasmaron en Bandos de Guerra y fueron ejecutando milimétricamente desde el primer día de la rebelión. Cientos de miles de personas afines al sistema político republicano fueron encarceladas y decenas de miles de ellas fueron asesinadas, unas mediante asesinatos clandestinos, otras después de ilegítimos “juicios sumarísimos”. La mayor parte de ellas terminaron ocultadas en fosas comunes. A día de hoy seguimos sin saber el número y localización de esas fosas y el número de víctimas.
Los victimarios y sus herederos se han esforzado siempre por negar o, al menos, por tratar de ocultar ese enorme crimen contra la humanidad, según la denominación de los hechos que ha certificado el Tribunal Supremo de España. Pero el silencio se rompió el 23 de octubre del año 2000, cuando un equipo de arqueólogos y forenses exhumó a los trece de Priaranza en una localidad con ese nombre, en el Bierzo leonés. La iniciativa se debió a Emilio Silva, nieto de uno de los asesinados desparecidos. Fue la primera exhumación científica y pública desde que ocurrieron los crímenes. Se iniciaba así un periodo nuevo, cuyos frutos aún no han madurado, que comenzó a sacar a la luz lo que había estado oculto sesenta años, siempre en medio de un gran conflicto político.
Algunos hitos principales han ido marcando el camino de ese conflicto. Destacamos el 20 de noviembre de 2002, vigesimoséptimo aniversario de la muerte de Franco, en que se aprobó una moción parlamentaria, presentada por Izquierda Unida, para condenar el franquismo. Se logró una votación unánime, a cambio de diluir la moción en una condena genérica de la violencia política. Y es que el Partido Popular, creado por ministros de Franco, se resistía a esa condena. Su portavoz parlamentario en aquel momento, Luis de Grandes, aún se atrevió, unos meses más tarde, a calificar despectivamente la iniciativa condenatoria: “… son estas cosas de IU, con su lenguaje antiguo que suena un poco a revival de naftalina”. La apertura de fosas, sin embargo, continuaba y el nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero declaró el año 2006 como Año de la Memoria, al tiempo que comenzaba a redactar una ley reparadora de las víctimas de la Dictadura franquista, que terminó siendo conocida como Ley de Memoria Histórica.
Esta ley de memoria fue muy criticada por las asociaciones memorialistas, pero sirvió para impulsar la investigación sobre fosas comunes. El propio gobierno de España mantiene desde entonces una página web, en la que se va actualizando el número de fosas conocidas y su localización; y financia el proyecto ‘Políticas de la Memoria’ a la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Así, sabemos que hasta el momento actual hay más de 2.232 fosas documentadas, de las cuales se han exhumado unas 390, donde se han hallado unos 8.500 cuerpos. Esto es una nimiedad, frente a los 114.266, que contabilizó el juez Garzón, o los más de 150.000 que llevan sumados las asociaciones memorialistas. Aunque no sabemos el número de fosas y sabemos que no están todas, sí se puede asegurar ya que España ocupa el segundo lugar del mundo en fosas comunes y personas desaparecidas, sólo por detrás de Camboya.
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
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2006 fue un año de amplísimo debate sobre la memoria en la prensa, en la calle y en la academia. El debate se acrecentó cuando el magistrado Baltasar Garzón aceptó una demanda de víctimas de la Guerra Civil, que terminó convertida en Auto judicial en octubre de 2008. El escándalo político subió de escala y las fuerzas neofranquistas consiguieron llegar al Tribunal Supremo, que admitió una querella contra el magistrado por prevaricación. La sentencia (101/2012) fue absolutoria para Garzón, pero dejó a las víctimas del franquismo en la plena indefensión.
Fue entonces cuando las víctimas acudieron a la justicia universal y la jueza argentina María Servini aceptó, el 14 de abril de 2010, la querella de dos familias de víctimas españolas por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. El número de querellantes ha ido creciendo y alcanza ya la cifra de 400. La jueza Servini ha realizado desde entonces múltiples acciones, entre las que destaca la primera exhumación ordenada por un juzgado respondiendo a la denuncia formulada por la familia de Timoteo Mendieta, hasta ese momento desparecido en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Tiene previsto también la jueza Servini viajar nuevamente a España para tomar declaración a 19 querellados, entre el 5 y el 20 de octubre del presente año 2016. Entre los denunciados que habrán de declarar hay seis exministros, algunos exjueces y policías. El gobierno español del Partido Popular está poniendo cuantos obstáculos puede a la acción de la justicia, pero el proceso es imparable. En España, por otra parte, se ha constituido una Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, CEAQUA, que ayuda a fortalecer esta lucha por los derechos humanos.
La magnitud de la represión durante el franquismo y la impunidad de que ha gozado y sigue gozando ha provocado en España el surgimiento de un importante movimiento memorialista, cuyo representante más específico es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que fundaron Emilio Silva y Santiago Macías, y que ha ido generando asociaciones similares en prácticamente todas las provincias españolas. Uno de los frutos de esta asociación ha sido acceder al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que atendió a sus demandas y encomendó una investigación el relator Pablo Greiff, el cual presentó su Informe el 22 de junio de 2014. En el Informe se detallan las carencias en el Estado español en cuanto a verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo y se le hacen al gobierno recomendaciones para mejorar esas deficiencias de los derechos humanos.
Nunca llegaremos a saber el número de fosas, que tapizan todo el suelo español, y nunca llegaremos a exhumar más que a una mínima parte de las decenas de miles de las personas desaparecidas, pero la cultura de la memoria ha logrado triunfar en España. Casi nadie se atreve ya a descalificar a las víctimas del franquismo y los pocos que aún osan hacerlo reciben el vituperio de la sociedad y ninguna fuerza política es capaz de defenderlos políticamente. Sigue habiendo simpatizantes del franquismo, pero van siendo relegados a la clandestinidad, cosa que se logrará plenamente cuando no quede ningún partido con representación parlamentaria que ponga trabas a la condena inequívoca y sin paliativos de aquel régimen, responsable de un crimen contra la humanidad, que aún espera justicia y reparación.
Fotografías: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica – ARMH
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