Asalto a la Embajada de México en Ecuador: Avivar la llama del anticorreísmo en medio de una campaña electoral es entendible (aunque no justificable en un “nuevo Ecuador”), pero llevar adelante acciones que violan el derecho internacional provocando el rompimiento total de relaciones con un país aliado y estratégico como México está fuera de todo acto de racionalidad. Únicamente demuestra el oportunismo más bajo, una incompetencia supina y una absoluta falta de preparación para la gestión de lo público y del estado.
Lo ocurrido la noche del viernes en la Embajada de México en Ecuador es el resultado de juntar oportunismo e improvisación. Solo un improvisado puede pensar que no habrá consecuencias por asaltar militarmente la embajada de otro país. Y solo un oportunista maniqueo puede usar esto para polarizar a la ciudadanía antes de una consulta popular.
Los eventos escalaron muy rápido. El antecedente fue que López Obrador mencionó el 4 de abril que el asesinato de Villavicencio perjudicó la campaña de la candidata correísta, y que las medidas de seguridad tomadas por los candidatos en los siguientes debates eran montaje. Acto seguido, el gobierno de Noboa emite un comunicado declarando persona ‘non grata’ a la embajadora mexicana Raquel Serur. Una reacción completamente desmedida y de consecuencias gravísimas para las relaciones entre los dos países.
Un día después, (probablemente en consecuencia a la declaración ecuatoriana) el gobierno mexicano otorga el asilo político a Jorge Glas, que llevaba en la embajada desde diciembre de 2023 (más de 3 meses) después de ser condenado por corrupción. Ante esto, el gobierno ecuatoriano no solo no concede el salvoconducto que permitiría que Glas saliera del país, sino que allana la embajada de México para capturarlo. Esto viola los acuerdos internacionales sobre inviolabilidad de las embajadas en territorios extranjeros.
La captura de Glas se da en medio de una campaña electoral de cara el referéndum y consulta popular que se realizará el 21 de abril y en la que Noboa pretende ver refrendada su gestión de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
El problema es que la utilización política de una situación como esta está fuera de todo acto de sensatez y estatalidad. Avivar la llama del anticorreísmo en medio de una campaña electoral es entendible (aunque no justificable en un “nuevo Ecuador”), pero llevar adelante acciones que violan el derecho internacional provocando el rompimiento total de relaciones con un país aliado y estratégico como México está fuera de todo acto de racionalidad. Únicamente demuestra el oportunismo más bajo, una incompetencia supina y una absoluta falta de preparación para la gestión de lo público y del estado.
El costo que tiene esto para el Ecuador es probablemente incalculable. Tanto a nivel comercial, migratorio, y cualquier otro tipo de colaboración, la relación entre ambos países ahora es inexistente. Como siempre la peor parte la llevarán los y las ecuatorianas que se encuentran en territorio mexicano. Y también, como siempre, los problemas reales que enfrenta el Ecuador hoy tampoco están entre las prioridades a resolver por parte del gobierno. La criminalidad no ha dejado de aumentar, incluso con militares en las calles y estado de excepción; los cabecillas de las bandas siguen libres y fugados; la inseguridad y la pobreza en aumento… pero al gobierno le preocupa más hacer un operativo hollywoodesco para capturar a Glas, porque eso da votos en campaña.
*Foto de portada: ©Luis Salgado Albán
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Es psicólogo político y está interesado en el comportamiento político, tanto de la ciudadanía como de las élites. Actualmente también desempeña labores como asistente e investigador en Flacso España.
Quito, Ecuador
