Estamos de acuerdo que se investigue todos y cada uno de los hechos ocurridos antes, durante y después del paro nacional. No es suficiente que se investigue quién destruyó los bienes materiales y otros temas que se dieron en la calle durante el paro y la movilización indígena. Es necesario que se investigue cuáles fueron las razones para que el pueblo ecuatoriano haya tenido que acudir a hacer uso de su derecho a la resistencia, consagrado en el art. 98 de la Constitución.
Salvador Quishpe Lozano.
Curiosamente, posterior a las movilizaciones populares e indígena de octubre en el Ecuador, el gobierno usando todo el aparato estatal. Junto a sus aliados de los medios de comunicación, de las cámaras empresariales, de los partidos políticos de derecha han levantado una estrategia.
Esa estrategia es para posicionar que la movilización era un acto de vándalos y violentos que han alterado el orden y puesto en riesgo la democracia.
Y hacen lo imposible para que el pueblo no recuerde ese acto, como un hecho de resistencia cívica frente a decisiones antidemocráticas de los gobiernos de turno, incluido el actual.
Y hacen lo imposible para que el pueblo no recuerde ese acto, como un hecho de resistencia cívica frente a decisiones antidemocráticas de los gobiernos de turno, incluido el actual.
LA CRIMINALIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO Y SUS ADLÁTERES
Luego de los hechos de resistencia hoy el gobierno y sus aliados se han esmerado en conformar estrategias. Una es conformación de comisiones “especiales” a fin de usar la supuesta investigación de los hechos, para legitimar la idea de la descalificación de la movilización. La otra es justificar la persecución a los líderes indígenas, sociales y criminalizar a las mujeres.
Miles de ecuatorianos vimos lo que pasó físicamente durante los días de resistencia desarrollados el pasado mes de octubre. Los hechos físicos están allí, la quema a la Contraloría, la afectación a las sedes de los medios de comunicación, los muertos, los heridos, los que se quedaron sin sus ojos.
Hoy conocemos que desde varios organismos estatales se nombran comisiones especiales para que investiguen lo que pasó sobre todo en materia de derechos humanos en dichas jornadas.
Conocemos la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, cuyos miembros en su mayoría han hecho pronunciamientos descalificando a los dirigentes indígenas y sociales del paro nacional.
LOS ECUATORIANOS NECESITAMOS UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL A FIN DE SABER LA VERDAD Y RESTABLECER LA VERDADERA ARMONÍA Y UNA PAZ SOCIAL DURADERA
Hoy también hemos visto la nueva Comisión creada por la Defensoría del Pueblo. Ahí se incluye a personajes muy conocidos en la vida política nacional como Juan Carlos Solines, Xavier Zabala, o Rosalía Arteaga.
Esos personajes que de alguna manera ya se han pronunciado previamente y públicamente en contra de la resistencia del pueblo ecuatoriano y contra la dirigencia indígena y social.
No creemos que aquellos ciudadanos, respetados por cierto, pero no cumplen con un perfil apropiado para cumplir esta misión tan importante para la armonización de la vida nacional.
Estamos de acuerdo que se investigue todos y cada uno de los hechos ocurridos antes, durante y después del paro nacional. No es suficiente la investigación de quién destruyó los bienes materiales. Ni otros temas que se dieron en la calle durante el paro y la movilización indígena.
Es necesario que se investigue cuáles fueron las razones para que el pueblo ecuatoriano acuda a hacer uso de su derecho a la resistencia, consagrado en el art. 98 de la Constitución.
EL PRESIDENTE MORENO TIENE MUCHO QUÉ DECIR
¿ Los ecuatorianos tenemos el derecho a saber cuáles fueron las causas para que tengamos un déficit fiscal. Esos 5 mil millones de dólares en el año 2018 y que es déficit obligó al gobierno a quitar los subsidios de los combustibles?
¿Acaso no tenemos el derecho a saber quiénes son los responsables para que se sigan dando esos déficit económicos en estos últimos años?
¿No tenemos el derecho los ecuatorianos a saber cuál es el grado de responsabilidad que tienen todos los gobiernos de turno, al menos en estos últimos 40 años de la vida democrática de la nación?.
Insistimos que, la investigación es necesaria a fin de que los ecuatorianos conozcamos a ciencia cierta sobre quienes fueron los interesados en quemar los documentos prueba de los mayores actos de corrupción como los casos “Arroz verde” o “INA Papers”.
¿Fuera a más de los implicados en el caso arroz verde, también fue el propio presidente Moreno y su gobierno. Su familia implicada en el caso INA Papers, también los autores intelectuales para quemar la contraloría y los documentos probatorios allí existentes?
¿Acaso los ecuatorianos no tenemos el derecho a que alguien nos responda estas interrogantes con la verdad y en especial el tema de la criminalización del aborto por violación?
Pero además los ecuatorianos necesitamos saber si las órdenes emanadas por el gobierno fue la adecuada y si los actos de los miembros de la fuerza pública fue la adecuada?
¿No necesitamos que se esclarezca si las bombas y más armamentos que la fuerza pública usó en las manifestaciones ciudadanas fueron las apropiadas?
EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEBERÍA CONFORMAR UNA COMISIÓN INTERNACIONAL. ESA COMISIÓN DEBE SE TÉCNICA E IMPARCIAL A FIN DE INVESTIGAR LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DE OCTUBRE EN EL ECUADOR
¿Acaso los ecuatorianos no merecemos saber la causa de la muerte de cada uno de los fallecidos. Así como los heridos, como consecuencia de su participación en las movilizaciones ciudadanas?
Por las consideraciones antes indicadas y tantas otras, es fundamental se investigue, se conozca la verdad, y se establezcan las responsabilidades y sanciones pertinentes a los responsables.
Sin embargo no podemos de ninguna manera estar de acuerdo con comisiones como la de la Asamblea Nacional o la de la Defensoría del Pueblo. La sencilla razón de que la mayoría de los ciudadanos allí nombrados ya han expresado previamente su posición en contra de los manifestantes. La doctora Rosalía Arteaga se adelantó y junto a otros ciudadanos coreaban en la Tribuna de los Shyris sus consignas. Todas en contra del paro nacional, en los mismos días de la movilización.
¿Qué esperar de aquellos ciudadanos como Juan Carlos Solines, que junto a líder de CREO Guillermo Lasso han salido a descalificar al pueblo. Han criminalizado a la dirigencia indígena, e incluso han pedido públicamente que el gobierno de Lenin Moreno sea más duro en contra los manifestantes?
LO QUE PEDIMOS, NO ES UNA COMISIÓN TIPO 30S
Por las razones indicadas pedimos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, junto a la Defensoría del Pueblo procedan a establecer los mecanismos pertinentes, con el apoyo de los organismos internacionales como la ONU, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otros organismos especializados para que procedan hacer dichas investigaciones de manera técnica e imparcial y sus informes no tengan ningún cuestionamiento.
No vamos a permitir que a pretexto de investigar se nombren a personas parcializadas tipo comisión del 30S. Para que se legitimen los mecanismos de descalificación y persecución de parte del gobierno y sus aliados. No queremos que vayan en contra de quienes con justas razones salimos a reclamar unas políticas adecuadas. Políticas que vayan en función de la realidad social y económica del pueblo ecuatoriano.
Seguimos difundiendo aquello en lo que creemos y por lo que siempre hemos luchado, los derechos del movimiento indígena, de las mujeres o warmis, de los grupos LGTBI, de los trabajadores y los derechos de cuidar a la naturaleza.
Múltiples voces, distintas ideas, pensamientos y miradas.
