No hay que negar la buena voluntad y como acto humanitario, los directivos de la Casa de la Cultura y de algunas universidades de Quito, facilitaron sus instalaciones para dar albergue en donde pernoctaron los indígenas que llegaron a la capital. Estos lugares han sido denominados “Centros de paz”.
Coronel (r) Alberto Molina Flores
No es la primera vez que los indígenas llegan a Quito en marchas. En primer lugar jugaron un papel importante en las caídas de algunos gobiernos. Especialmente los gobiernos de Mahuad y de Gutiérrez.
Por otro lado, en el gobierno de Correa las manifestaciones de los indígenas también fueron reprimidos fuertemente. Vale recordar cómo fueron agredidos salvajemente Salvador Quishpe, Yaku Pérez, su compañera y otros dirigentes.
En el «Parque del arbolito» además hacían su campamento y en otras instalaciones de la ciudad les ofrecían refugio. Por otro lado, los indígenas recibían por parte de la ciudadanía donaciones de alimentos, ropa, medicinas, etc.
Sin duda que los campesinos e indígenas estaban siendo históricamente espoleados. Por ello creo que los gobiernos deben dar atención prioritaria a estos compatriotas marginados política, social y económicamente; es un deber de los gobiernos y de la sociedad.
Así mismo, los derechos conculcados, no pueden hacer plataforma para violar la Constitución y las leyes que rigen para todos los ecuatorianos. Porque no hay ciudadano que tenga la libertad de hacer y decir a los cuatro vientos lo que le plazca sin asumir sus responsabilidades.
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Nunca antes la capital y el país, habían sufrido tanta violencia, destrucción y caos. Los responsables de estos violentos desmanes deberán ser procesados de acuerdo con la ley.
El COIP, establece en su “Artículo 346.- Paralización de un servicio público.- La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
No hay que negar la buena voluntad y como acto humanitario, los directivos de la Casa de la Cultura y de algunas universidades de Quito, facilitaron sus instalaciones para dar albergue en donde pernoctaron los indígenas que llegaron a la capital. Estos lugares han sido denominados “Centros de paz”.
Para el Ministro de Defensa estos lugares “eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente”.
No hay que desconocer que desde estos “Centros de paz”, el presidente de la CONIAE, el dirigente achuar Jaime Vargas, devenido en poderoso júpiter tonante, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que “le quiten el apoyo a ese patojo de mierda” (refiriéndose procazmente al presidente Moreno). Asimismo dijo: “He ordenado, como amazónico, que cierren todos los pozos petroleros”, esto resulta insólito e intolerable.
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Igualmente, en los “Centros de paz”, les tenían secuestrados a varios policías quienes sufrieron agresiones y humillaciones. Lo mismo hicieron con una veintena de periodistas. Del “Centro de paz”, salieron los agresores del periodista de Teleamazonas Fredy Paredes, que no sólo recibió insultos y hostigamiento, sino que también recibió una pedrada que casi resulta fatal. El agresor se refugió en el “Centro de paz”.
Las declaraciones de los dirigentes indígenas Salvador Quishpe son elocuentes, especialmente de Lourdes Tibán. La dirigente indígena, denunció de manera públic, que en el “Centro de paz” muy probablemente hay un grupo de indígenas que deseaban “botarle a Moreno”.
Que la mediación que intentaron hacer Quishpe y su esposo, les costó que sean señalados como “vendidos”. Ante esta situación Lourdes Tibán, tuvo que “huir del sitio”.
Creo que parte de la dirigencia indígena y algún grupo de sus seguidores lograron abusar de la acogida brindada y los “Centros de paz” terminaron mal utilizados, para desde ahí tratar de delinquir impunemente.
Por último, aunque parezca insólito, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, suelto de huesos, hizo un llamado a la creación de un “ejército propio” del movimiento indígena.
“Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”. Luego, agregó: “Esta declaración, nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades”.
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Frente a las declaraciones señaladas, el COIP, en su “Art. 349, dice: “Grupos subversivos.- La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Al ser acosado por el rechazo de las declaraciones desproporcionadas e irresponsables, Jaime Vargas, temió ser enjuiciado y declaró que “no habló de un ejército armado o subversivo”. Que la confusión posiblemente sería idiomática: “Como no es nuestro idioma, a veces pensamos que estamos diciendo lo que es, si yo hablara en mi idioma achuar diría lo que yo pienso”.
Recordemos lo que el filósofo Blas Pascal advierte: “La justicia sin la fuerza es impotente y que la fuerza sin justicia es tiránica”. Es preciso, agrega Pascal: “Unir la fuerza y la justicia, y para ello hacer que lo que sea justo sea fuerte o que lo que sea fuerte sea justo”.
Coronel del Estado Mayor, catedrático, escritor y analista.
