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ÁNGEL GONZÁLEZ Y EL MONOPOLIO MEDIÁTICO VS. ESTADO

Lo importante de este caso es que detrás de estas empresas televisivas se encuentra el más grande monopolista de medios de comunicación de América Latina y del Ecuador: Ángel González, alias “El Fantasma”.

Ángel González
Fotografía: Redes Sociales

Marco Villarruel

Un Tribunal de Garantías Penales ha denegado el recurso de protección presentado por Televicentro (Canal 5 en Quito, 11 en Guayaquil). 

Hace cuatro años, en el período de Rafael Correa, Televicentro obtuvo un permiso para realizar emisiones de prueba de televisión digital, pero no cumplió el plazo que se extendió por cuatro años. 

En consecuencia, en julio del 2019, ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), revirtió la autorización de funcionamiento de Televicentro y de RTS (Red TeleSistema) en Guayaquill. Además la Contraloría General del Estado y ARCOTEL habían identificado algunas irregularidades en el proceso de asignación de las frecuencias.

Lo importante de este caso es que detrás de estas empresas televisivas se encuentra el más grande monopolista de medios de comunicación de América Latina y del Ecuador: Ángel González, alias “El Fantasma”.

El Portal 4 Pelagatos en diciembre del 2018, señala que González posee en el continente 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica, 3 cadenas de televisión satelital (DTH), y dos medios impresos que son El Comercio y Últimas Noticias en Ecuador. Además es concesionario en el Ecuador de 87 frecuencias de radio y televisión, 66 repetidoras y 19 matrices, más dos de televisión digital. En algunos países centroamericanos los canales de TV del Fantasma están seriamente involucrados en escándalos políticos.

Durante el régimen anterior se convocó a un concurso de concesión de frecuencias. Sin tardar un instante “El fantasma” González, a través de oscuras gestiones de identificación societaria, legal y económica solicitó 104 frecuencias más. 60 de televisión, 43 de radio FM y 1 en AM.

4 Pelagatos investigó el asunto y denunció que: “el equipo auditor de la Contraloría descubrió que las empresas participantes estaban vinculadas entre ellas puesto que compartían las mismas firmas calificadas para manejar cuentas en los principales bancos del país o estaban domiciliadas en direcciones que resultaron ser exactamente las mismas”. 

Descubrió además que en doce empresas mediáticas consta la misma firma autorizada para el manejo de las cuentas bancarias. Estas  son: Andivisión, Compañía Radiodifusora Trafalgar del Ecuador, Distribución y Representaciones Yomar, Ecuadoradio, Megacomunication, Ecuatoriana de Televisión Ortel, Radiodifusora Ayax del Ecuador, Radiodifusora Kashmir del Ecuador, Tamaggio, Telecuatro Guayaquil (RTS), Televisión Independiente Indetel y Zakarie. 

La resolución del Tribunal de Garantías Penales tiene importancia en tanto y cuanto se trata de cumplir la Constitución, que prohíbe los monopolios mediáticos pero permite que un extranjero pueda poseer frecuencias siempre y cuando “haya prestado servicios relevantes a la nación”. Clarísima dedicatoria.

El monopolista insolente se niega a devolver las frecuencias lo cual es al momento un desacato, pero también revela debilidad gubernamental para exigir el cumplimiento de la ley. El régimen se apresta a convocar a un nuevo concurso pero no termina de resolver lo que pidió la Contraloría en el informe emitido hace años. 

La ley de Comunicación vigente contempla el reparto tripartito de las frecuencias pero permite que las emisoras religiosas sean consideradas comunitarias y no facilita el acceso de los sectores sociales y de las universidades. Todo lo cual revela que estamos lejos de una política comunicacional moderna y soberana.

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