Las personas ya no confían en los aparatos judiciales en muchas partes del mundo sino en los medios de comunicación, algunos de los cuales aceptan el papel de cuasi-fiscales por sus propios intereses económicos, políticos, o de imagen.
Fotografía: ChakanaNews
Marco Villarruel A.
Se llama Oscar Centeno y fungió como chofer de la familia Kirchner, y del gobierno K. Durante años tuvo la prolijidad de escribir ocho cuadernos tamaño espiral, como si fuera notario, sobre los envíos de centenares de miles de dólares que gerentes de compañías, comerciantes e industriales remitían a las oficinas y domicilios de la familia K.
En algún momento Centeno se dio cuenta que los ocho cuadernos eran una bomba en sus manos, y los entregó, no a la justicia, a los jueces o a los fiscales. Lo hizo a un diario nacional argentino, que tras detenido estudio los hizo públicos con el consiguiente escándalo político nacional e internacional.
En abril del 2006, 109 medios de comunicación en 76 países del mundo, daban a conocer los resultados de una profunda investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI), sobre el despacho de abogados Mossack-Fonseca, con sede en Panamá, en los que se daba a conocer el ocultamiento de propiedades de empresas y de cuentas millonarias de jefes de estado, políticos de mucha fama, y sobre personalidades de las finanzas, negocios, deportes y cultura de diversas partes del mundo. Inicialmente alguna persona (o gobierno, o agencia de espionaje, o hacker) hizo llegar un súper archivo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y no a los jueces o a los fiscales. Fueron los periodistas del CIPI que investigaron a profundidad los datos y destaparon este enorme estado de corrupción. En el Ecuador 1864 empresas, 76 clientes y 148 beneficiarios entre privados y públicos fueron mencionados, aunque poco se conoce si fueron indiciados con algún procedimiento legal.
El Washington Post, en 1971, publicó unos documentos estremecedores llamados “Los papeles secretos del Pentágono” en los que se detallaba al pie de la letra las órdenes de muerte a miles de vietnamitas, la corrupción militar de los infantes de la marina de Estados Unidos, y ocultaba el desánimo que a la final les llevó a la derrota en Viet Nam. El autor de la entrega de los papeles jamás pensó en enviarlos a los fiscales o jueces.
En 2016 las informaciones publicadas por Wikileaks, una página de internet manejada por el periodista Julian Assange, fueron difundidas sin acudir a alguna autoridad judicial. Las filtraciones daban a conocer estremecedores secretos guardados por las fuerzas armadas norteamericanas sobre su papel en las guerras de Irak y Afganistán, así como las acciones de espionaje norteamericano a diferentes gobiernos del mundo, incluidos Israel y Alemania.
Periodistas y medios hacen parte activa de la vida política de los países. En pasados días el comentarista peruano Jaime Bayly dijo públicamente que fue consultado anticipadamente en Miami sobre el inminente atentado al presidente Nicolás Maduro, de Venezuela. Él estuvo de acuerdo con el atentado e incluso les dijo: ”Háganle, vamos para adelante”. Baily asesoró, como periodista, a los complotados y no acudió a los jueces para notificar el atentado, y no es que protegía la fuente, sino que actuaba abiertamente como un sujeto político.
Los reportajes de denuncias contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos muy bien documentados y realizados profesionalmente se han multiplicado en muchos países especialmente a través del internet. En el caso ecuatoriano algunos temas han debido necesariamente ser judicializados por su seriedad y trascendencia.
Las personas ya no confían en los aparatos judiciales en muchas partes del mundo sino en los medios de comunicación, algunos de los cuales aceptan el papel de cuasi-fiscales por sus propios intereses económicos, políticos, o de imagen. Sin embargo se niegan a admitir que se hayan convertido en actores políticos de primer orden, aún cuando muchas veces quienes fungieron como periodistas devinieron en candidatos, y hasta ganaron puestos en alcaldías, diputaciones y hasta presidencias de los países.
Hoy no hay confianza en los jueces ni en los fiscales, pero tampoco en la mayoría de partidos políticos sobre los cuales la duda y la susceptibilidad es mayor.
Seguimos difundiendo aquello en lo que creemos y por lo que siempre hemos luchado, los derechos del movimiento indígena, de las mujeres o warmis, de los grupos LGTBI, de los trabajadores y los derechos de cuidar a la naturaleza.
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