La presión militar existente en la frontera tanto en Colombia con la Fuerza de Tarea Conjunta “Hércules”, como en Ecuador con la Fuerza de Tarea Conjunta “Esmeraldas”, sobre el corredor del Pacífico, sobre los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución, han obligado a los carteles a mover su maquinaria de transporte y logístico hacia el corredor Amazónico que tiene menor control.
Fotografía: Press South
Crnl. Mario R. Pazmiño S.
Los lamentables acontecimientos generados en la frontera norte (Secuestro y muerte de equipo periodístico, emboscada y fallecimiento de cuatro soldados, secuestro y ejecución de una pareja de comerciantes, desaparición de un soldado en la frontera y destrucción terrorista de infraestructura pública.) durante el primer semestre del año 2018, que enlutaron a varias familias de compatriotas, fueron la muestra del nivel de violencia e inseguridad al que estamos expuestos los ecuatorianos.
Las condiciones de las amenazas (Carteles Mexicanos, Disidencias, Bandas Criminales, etc.) existentes en el departamento de Nariño y Putumayo no han variado, más bien se han reacomodado estratégicamente al nuevo escenario de narco-conflicto. El pensar que el cambio de Ministro de Defensa y un incremento de pie de fuerza en la frontera son la solución a la incertidumbre del riesgo existente es una apreciación poco correcta e irresponsable.
Las hoy mal llamadas disidencias o grupos residuales que se constituyeron a inicios del 2016 y se multiplicaron a partir del 2017, presentan características propias de cada organización, no tienen un patrón definido y mal podemos atrevernos a catalogarlas como ramificaciones de las FARC. Si bien es cierto que la gran mayoría tiene su nacimiento de la longeva organización guerrillera, gran parte de ellas incorporó otras organizaciones delictivas y de narcotráfico a sus estructuras transformándose en un híbrido que tiene fines económicos dentro del crimen organizado.
La pugna por el control de los corredores de movilidad y logísticos entre los carteles, ha generado una lucha encarnizada entre disidencias por el control de las áreas de plantaciones de coca, laboratorios y cristalizaderos de este alcaloide. En el departamento de Nariño tenemos las siguientes estructuras en conflicto: Guerrillas Unidas del Pacifico (GUP), enemigos permanentes del Frente Oliver Sinisterra (FOS) comandado por alias “Guacho” que tienen una presencia muy fuerte en este departamento, El Clan del Golfo (CG) constituye en la actualidad uno de los grupos con mayor crecimiento apoyado por el Cártel del Golfo estructura narcotraficante mexicana que está desplazando al Cártel de Sinaloa y en poco tiempo será el nuevo regente de la actividad de narcotráfico para Colombia y la región, tenemos además a Resistencia Campesina (RC), Los de Sábalo (LS), el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las operaciones “Orus”, “Perseo” y “Éxodo” y la Directiva 037 no han podido frenar el crecimiento acelerado de las disidencias y tampoco lo han hecho con la actividad de los tres grandes carteles mexicanos (Cártel del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación) que pululan por hacerse cargo de los cargamentos de droga.
La presión militar existente en la frontera tanto en Colombia con la Fuerza de Tarea Conjunta “Hércules”, como en Ecuador con la Fuerza de Tarea Conjunta “Esmeraldas”, sobre el corredor del Pacífico, a sus centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución han obligado a los carteles a mover su maquinaria de transporte y logístico hacia el corredor Amazónico que tiene menor control.
La tensa calma en la frontera se verá muy pronto alterada con una explosión de violencia originada por los enfrentamientos de estas estructuras delictivas o contra las Fuerzas de Tarea Conjuntas “Hércules y Esmeraldas”.
Las acciones militares no son el medio más adecuado para la solución de una crisis socio-económica que lleva ya varias décadas por la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. El enfoque tiene que ser integral y multinacional. Es vital conjugar la seguridad y el desarrollo como principios rectores de una política estatal en donde todos los ministerios generen proyectos con la comunidad, es el momento de hacer Patria rescatando a las poblaciones fronterizas de la delincuencia organizada y el narcotráfico donde las abandonamos. Pero la solución no solo tiene que ser nacional debe existir una corresponsabilidad en la política fronteriza con el gobierno colombiano en virtud de que estas amenazas afectan a los dos estados.
Seguimos difundiendo aquello en lo que creemos y por lo que siempre hemos luchado, los derechos del movimiento indígena, de las mujeres o warmis, de los grupos LGTBI, de los trabajadores y los derechos de cuidar a la naturaleza.
Múltiples voces, distintas ideas, pensamientos y miradas.
