La corrupción estructural e institucionalizada que se consolidó y amplió en la última década con el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana, hoy por la presión de la sociedad se empieza a destapar y mostrar su obscena operación por medio del trabajo que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y las nuevas autoridades de Control puestas por el mismo.
Por Natalia Sierra
Sin embargo de esto, hay que tener en claro que los poderes económicos y políticos tanto nacionales como transnacionales, que están implicados en esta asociación ilícita para saquear los bienes comunes de la sociedad ecuatoriana, no han dejado de operar. A través de redes corruptas que se tejieron entre el gobierno (nacional y local) y las corporaciones capitalistas, legales e ilegales, estos poderes siguen operando en la institucionalidad Estatal en sus distintos niveles.
Se entiende que los implicados en estos execrables actos de depredación de los recursos sociales son funcionarios públicos que tuvieron y aún tienen altos niveles de representación política en el Estado y en los gobiernos, así como grandes empresarios capitalistas. Corruptores y corruptos que aún tienen el poder económico y político para protegerse, encubrirse y amenazar a quienes por delegación popular están intentando investigar, transparentar y sancionar estos detestables actos.
Si es la articulación entre el Estado y la empresa capitalista el núcleo desde donde se organiza el saqueo social, el alcance de esta corrupción es de una extensión que difícilmente podemos imaginar. La obra pública desde la más grande hasta la más pequeña estaría contaminada por esta articulación mafiosa público-privada y, por lo tanto, los implicados en esta trama no solo son individuos, sino organizaciones, partidos y movimientos políticos que de una u otra manera están vinculados a la administración del Estado. El escenario de la corrupción tiene así un alcance en el territorio nacional y continental, una temporalidad que establece una continuidad entre varios gobiernos y un contexto social que enlace a varios actores políticos y económicos de las más diversas tendencias. Esta lamentable realidad es la que se dibuja en el caso Zambrano, denunciado por la Secretaría Técnica de Transparencia del CPCCS (T).
Es seguro que muchos de estos poderes y de estos poderosos implicados en esta trama de corrupción no querrán que las investigaciones del caso Zambrano continúen y con ellas se desenvuelva los hilos ocultos de la corrupción, que ha despojado a la sociedad de sus recurso en función de ampliar la acumulación mafiosa de las empresas capitalistas, con la complicidad de los funcionarios estatales y gubernamentales que amasan fortunas por sus servicios. No querrán que se descubran la alianza mafiosa entre la empresa capitalista y las empresas políticas electorales que ponen gobiernos serviles funcionales a los intereses del capital. No querrán que se descubra que muchos de los políticos que hacen de la política una forma de acumular poder y riqueza sean visibilizados y, con ello, se desmonte su tramposa retórica de servicio al pueblo y pierdan, así, la posibilidad de los privilegios que les da ser eternos administradores del Estado.
Ante esta conspiración de corruptos que se han tomado el Estado para saquear y destruir a la sociedad ecuatoriana, solo la sociedad organizada de manera autónoma puede defender sus intereses, hacer justicia. Solo la sociedad organizada y movilizada puede garantizar que se cumpla el mandato entregado al CPCCS (T) y respaldar el trabajo de la Secretaría Técnica de Transparencia, en la figura de la compañera Maria Arboleda.
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