Lo miremos como lo miremos, el mandato de gobierno de Pedro Sánchez es un mandato de transición. Lo es por las limitaciones objetivas que tiene: no controla las Mesas del Congreso y, menos aún, el Senado; cuenta sólo con poco más de la cuarta parte de los diputados; carece de programa de gobierno; ha de gestionar unos primeros presupuestos sobrevenidos, aunque dentro de seis meses ya pueda tener otros. Lo es también porque el voto afirmativo que ha recibido no va más allá del deseo de expulsar al PP del poder, sin que haya ningún acuerdo de gobernabilidad, salvo castigar a la corrupción, que se había instalado en las instituciones y amenazaba con exterminarlas.
Fotografía: Patricio Realpe
Por Marcelino Flórez
Sorprende, por eso, la calidad de las personas que ha elegido para ocupar los ministerios. Todas, personas experimentadas y de probada calidad técnica; algunas, con experiencia política de largo recorrido. Es un gobierno para administrar lo que hay, pero necesariamente ha de ser también para otras cosas. Además de técnicas, las personas que forman el gobierno son mayoritariamente mujeres e identificadas con el feminismo, son declaradamente europeístas y ortodoxas en el cumplimiento de las normas económicas. Algunas son, además, de “extremo centro”, como Ciudadanos, lo que unido al carácter “técnico”, que un sector de la ciudadanía identifica con “apolítico” y eso gusta, deja al partido de Rivera sin más referente que la rojigualda y sin otro competidor que la derecha y la extrema derecha.
Salvo para Rafael Hernando y la caverna mediática, es casi unánime la buena acogida de la imagen de portada que ha dado el gobierno. Las asociaciones de jueces y fiscales, un sector especialmente deteriorado por el intervencionismo de los populares, ha manifestado sus esperanzas en recuperar la dignidad de la justicia. Y esto es cuestión puramente administrativa. Los sindicatos, el mundo de la cultura, el sector docente, las plataformas de sanidad pública han manifestado también su esperanza de cambio. Y esto es cuestión de administrar los proyectos de ley ya acordados en el Congreso y retenidos por el gobierno censurado. La recepción del nuevo gobierno va siendo buena, bastará con no defraudar en la administración de lo que hay, para que esa imagen se asiente. Es la tarea de los 12 o, como máximo, 24 meses siguientes.
Los verdaderos cambios tendrán que esperar a los programas electorales y, quizá, eso explique también las características del gobierno que Sánchez ha logrado formar y que no tiene ninguna pinta de ser cosa improvisada. Es en los programas electorales donde habrá que tratar el mayor problema que ahora presenta España, el problema catalán. Y, en general, allí es donde hay que tratar las reformas de la Constitución de 1978, que ya no se pueden prolongar más, no sólo porque así lo demanda la realidad cotidiana, sino porque sólo las personas que tienen más de sesenta años pudieron votar la norma básica. Por eso, cuando se oye decir si tal territorio o tal otro aprobó la Constitución con no sé cuánto apoyo, para justificar las posiciones políticas del presente, da la risa.
Este gobierno tiene el aspecto de enfrentar también la transición profunda, la del “régimen del 78”. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos puede ser mucho más trascendente que la insignificancia que aparentó ser la moción de censura. A ver si los tertulianos y portavoces de partido lo captan. Rafael Hernando ya se ha enterado de su desplazamiento, los demás no está claro.
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