La empresa Oleoductos Pesados del Ecuador (OCP) ha interpuesto una demanda contra el Estado ecuatoriano. Aunque no señala los montos se deduce que las cantidades serán millonarias.
Fotografía: ChakanaNews
Por Marco Villarruel A.
Se queja de que se le ha privado de su derecho a deducir de su ingreso gravable los intereses con respecto a un préstamo subordinado provisto por su empresa afín OCP Ltd.
Dice que este pago será una nueva carga tributaria y que el Estado ecuatoriano ha modificado la legislación vigente y la violación de las prohibiciones de expropiación sin indemnización. Les asusta también la violación de las garantías de libre remisión de capital, utilidades “y otros pagos” al exterior.
En otras palabras esta empresa no quiere pagar los impuestos sobre un dinero que le prestó su empresa filial. No quiere pagar lo que corresponde por sacar del país sus cuantiosas ganancias y algo dice de la posible expropiación y de expropiación sin indemnización.
La OCP tiene cuentas pendientes con el SRI (Servicio de Rentas Internas) y ahora contraataca con esta acción ante tribunales de conciliación internacionales. Además, las autoridades de Lago Agrio denunciaron que en vez de pagar los impuestos prediales como empresa industrial lo hace como finca agrícola.
La arrogancia de esta empresa, la ambición desmedida de sus accionistas (REPSOL, YPF, ENE AGIP, y PERENCO, todas extranjeras) por obtener más y más ganancias le ha enfrentado más de una vez con las autoridades del país. De hecho su vida está repleta de conflictos con el país.
La OCP presenta la demanda meses después de que anunciara al gobierno el interés de vender la empresa, lo cual llamó mucho la atención a los expertos puesto que el nivel de rentabilidad es muy alto. Las autoridades han informado sobre el interés que tienen para el traspaso anticipado de la empresa al Estado.
La construcción del oleoducto OCP fue una de las más tristes páginas de la historia petrolera del Ecuador. Primero porque ha sido acusada de depredar el ambiente y causar severos daños a los sitios por donde fueron tendidos los tubos. Además por la forma engañosa de despojo de tierras a algunos colonos que a su tiempo reclamaron sin que sean atendidas sus peticiones. Su construcción afectó a once áreas protegidas, algunos derrames, y devastación de la cuenca amazónica.
Ahora la estrategia de sus abogados es enjuiciar al Estado cuando en enero tenía interés en devolver las instalaciones a través de pagos cruzados.
En medio de la crisis política del Ecuador y de su grave déficit presupuestario, emerge esta transnacional tratando de pescar a rio revuelto.
Para el Ecuador el asunto es más grave aún porque la Procuraduría ha perdido varios litigios a nivel internacional y porque además las firmas de abogados que seguramente contratará el país facturarán algunos millones de dólares.
El desempeño de las compañías petroleras durante el gobierno anterior también se caracterizó por irregularidades relacionadas a la corrupción. Las cárceles albergan ahora a ex ministros y ex altos funcionarios correistas acusados de manejos ilegales de contratos petroleros. Incluso el actual ministro, Carlos Pérez García, se ha visto obligado a realizar nuevas investigaciones y nuevas acciones judiciales frente al panorama de caos administrativo y financiero en Petroecuador y Petroproducción.
En este contexto inmediato es que OCP plantea el nuevo juicio al Ecuador.
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